La Provincia Extiende el Escudo Protector a las Unidades de Autogestión Obrera
El contexto de crisis económica y el agravamiento de las condiciones financieras a nivel nacional han llevado al gobierno bonaerense a tomar una determinación clave para el sector de la economía social: la extensión de la emergencia económica, financiera y tarifaria para las Empresas Recuperadas (ER). Esta prórroga por un año busca asegurar la continuidad productiva y la preservación de miles de puestos de trabajo genuinos en la provincia.
La decisión, plasmada en el Boletín Oficial del 24 de septiembre, subraya que las causales que motivaron la declaración original de emergencia, establecida por la Ley N° 15.485, no solo persisten sino que se han intensificado. Dicha Ley, sancionada inicialmente con un plazo de vigencia de 18 meses, contemplaba la posibilidad de ser prorrogada por el Poder Ejecutivo por única vez y por un año más, facultad que ha sido ejercida en este marco.
Beneficios Cruciales y Autoridad de Aplicación
La normativa prorrogada es un soporte fundamental para las cooperativas de trabajo surgidas de procesos de quiebra, cierre o vaciamiento empresarial, que se encuentran gestionadas por sus propios trabajadores. La provincia de Buenos Aires concentra cerca de 190 empresas recuperadas, lo que representa casi la mitad del total nacional, y la continuidad de su actividad es considerada de interés provincial.
Entre los beneficios más significativos de la prórroga, se destacan:
- Suspensión de Cortes de Servicios Públicos: Se prohíbe el corte de suministro de servicios provinciales esenciales como energía eléctrica, agua potable y desagües cloacales.
- Planes de Pago y Facilidades: Los prestadores de estos servicios están obligados a otorgar a las ER planes con facilidades de pago para la cancelación de las deudas generadas durante el período de vigencia de la emergencia.
- Suspensión de Desalojos: La medida también mantiene en suspenso todas las acciones judiciales, trámites y diligencias que tengan por objeto ordenar o ejecutar el desalojo de las Empresas Recuperadas de sus espacios productivos.
El Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC) fue la entidad clave en impulsar la solicitud y es la autoridad de aplicación de esta prórroga, encargada de monitorear y garantizar la correcta implementación de la normativa. El organismo ha trabajado en conjunto con el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) y legisladores para sostener estas experiencias de autogestión.
Representantes de empresas como la cooperativa Impopar han manifestado que esta ley «permite seguir trabajando tranquilos» y sirve como contención en un momento de fuerte achicamiento de la producción debido a la caída de la demanda y el aumento de los costos tarifarios.
Esta acción del Poder Ejecutivo bonaerense reafirma el compromiso con la economía social y solidaria, proporcionando un marco legal y económico de contención para uno de los sectores más vulnerables y resilientes del entramado productivo provincial.
