La propuesta del Gobierno Nacional de cerrar la Dirección Nacional de Vialidad ha generado un fuerte rechazo en distintos sectores, que lo califican de «decisión arbitraria, regresiva y profundamente dañina para el desarrollo federal» del país. Desde Bahía Blanca, el concejal radical Pablo Daguerre ha sido una de las voces críticas, expresando su preocupación por el desmantelamiento de un organismo considerado clave para la infraestructura vial argentina.
Daguerre enfatizó que clausurar Vialidad Nacional no puede entenderse como una medida de austeridad o eficiencia, sino como «un ataque directo al federalismo, al trabajo argentino y a la soberanía logística del país». El edil subrayó la importancia estratégica de Vialidad Nacional, encargada de planificar y ejecutar rutas, caminos y obras esenciales en todas las provincias, así como de garantizar el mantenimiento de la conectividad terrestre, el acceso a la producción regional y la seguridad en las rutas.
Según el concejal, la eliminación o vaciamiento de este organismo implicaría consecuencias devastadoras:
- El abandono de obras públicas fundamentales ya en marcha.
- La paralización del mantenimiento de la red de rutas nacionales.
- El desmantelamiento de equipos técnicos altamente capacitados y con experiencia.
- La pérdida de miles de empleos calificados a lo largo y ancho del país.
- Una alarmante profundización de las desigualdades entre las distintas regiones de Argentina.
Daguerre desmintió la narrativa gubernamental que asocia lo estatal con corrupción o ineficiencia. «El Gobierno busca instalar la idea de que todo lo estatal es sinónimo de corrupción, despilfarro o inutilidad. Esa es una visión profundamente ideológica, regresiva y peligrosa», afirmó. El concejal argumentó que la corrupción «no se combate con ajuste, se combate con control, planificación, auditoría y gestión seria», y que la ineficiencia no se resuelve «clausurando organismos estratégicos, sino fortaleciendo sus capacidades, profesionalizando sus equipos y garantizando transparencia».
Finalmente, el edil bahiense rebatió la premisa de que el sector privado podría asumir esta función de manera eficiente. «Es falso que el sector privado pueda reemplazar al Estado en esta función. La experiencia demuestra que sin un Estado eficiente y con planificación estratégica, las obras no llegan a donde no hay rentabilidad inmediata: las rutas nacionales del sudoeste bonaerense son un claro ejemplo», sentenció.
La demanda desde distintos sectores es una «inmediata marcha atrás con esta medida». Se exige al Congreso Nacional, a los gobernadores y a toda la dirigencia política, sindical y social que se pronuncien «con claridad», insistiendo en que «la defensa de Vialidad Nacional no es partidaria: es una causa federal».
