La medida apunta a controlar el acceso a terapias y tratamientos y medir los trayectos y traslados con acompañantes terapéuticos. Tanto familiares como trabajadores advierten que es persecutorio y que implica controlar sólo a beneficiarios y prestadores, cuando la Superintendencia de Servicios de Salud debería regular a obras sociales y prepagas.
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