El nuevo proyecto de reforma laboral enviado por el Gobierno al Congreso abrió un frente de conflicto que atraviesa a todo el ecosistema informativo argentino. Más allá de las modificaciones amplias que impulsa el oficialismo en materia de empleo, uno de los puntos más sensibles volvió a emerger como una señal de alerta: la intención de eliminar el Estatuto del Periodista y el régimen que regula el trabajo en empresas periodísticas desde mediados del siglo pasado.
La iniciativa, expresada de manera explícita en el capítulo de “Derogaciones”, propone desarticular el andamiaje jurídico que garantiza condiciones mínimas para reporteros, cronistas, fotógrafos, editores y quienes integran las redacciones. Con ello, el Ejecutivo busca desmantelar un entramado que no solo rige relaciones laborales, sino que también sostiene mecanismos de protección ligados al derecho a informar y a la libertad de expresión.
El estatuto actual fija una jornada máxima de 36 horas semanales, un recargo del 100% por horas extras y un sistema de protección ante despidos que contempla un preaviso ampliado y una indemnización incrementada. También dispone requisitos de profesionalización y mecanismos de registro, entendidos como herramientas para garantizar un ejercicio ético y responsable del oficio.
Para los gremios del sector, el Gobierno no apunta a una modernización sino a “borrar un siglo de derechos”, tal como advirtieron el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren). En distintos comunicados, señalaron que aquello que el oficialismo presenta como flexibilización encubre una “regresión laboral de magnitud histórica”.
