Una medida histórica se anuncia en el sector cárnico argentino: la Secretaría de Agricultura derogó el peso mínimo obligatorio para la faena de ganado, buscando desregular el mercado y otorgar mayor libertad a los productores, con vigencia a partir de 2026.
En un giro trascendental para la industria ganadera argentina, la Secretaría de Agricultura de la Nación, bajo la dirección de Sergio Iraeta, ha emitido la resolución 98, que deroga de forma definitiva la normativa que establecía un peso mínimo obligatorio para la faena de animales bovinos. Esta medida, que entrará en plena vigencia a partir del 1° de enero de 2026, representa el fin de una serie de regulaciones que, con diversas modificaciones, regían el sector desde el año 2007.
La normativa original, la resolución 68 de 2007, había sido concebida con el objetivo de optimizar la producción cárnica nacional. Dicha disposición fijaba un peso mínimo de 99 kilos por media res para novillitos y vaquillonas, y prohibía taxativamente la faena de machos con un peso inferior a los 165 kilos y de hembras por debajo de los 140 kilos. Estas restricciones buscaban desalentar la comercialización de animales livianos, fomentando así una mayor eficiencia en la producción de carne y buscando que el ganado alcanzara un desarrollo óptimo antes de su procesamiento. A lo largo de los años, diversas resoluciones complementarias, como la N° 547 de 2008 y las reformas implementadas en 2010 y 2019, habían ajustado estos criterios, incorporando incluso excepciones por razones sanitarias y nutricionales, intentando adaptarse a las cambiantes realidades del sector.
La reciente resolución firmada por el titular de Agricultura se alinea directamente con los preceptos del decreto 70/2023, impulsado por el presidente Javier Milei, que sienta las bases para una profunda desregulación de la economía y la producción. En sus fundamentos, la nueva normativa argumenta que «las regulaciones vinculadas al peso mínimo resultan innecesarias en el contexto actual». El Gobierno sostiene que los productores agropecuarios poseen el conocimiento y las herramientas suficientes para determinar el momento más adecuado para la faena de sus animales, sin que sea necesaria la intervención directa del Estado en esta decisión.
Desde las esferas gubernamentales, se ha enfatizado que este nuevo enfoque busca restituir la plena libertad económica, posicionando la iniciativa privada y la autonomía de los productores como pilares fundamentales para el desarrollo del sector. Una fuente allegada a la medida, que prefirió mantener su anonimato, declaró enfáticamente: “Libertad para producir y vender a lo que el productor crea más conveniente. No hay más peso mínimo de faena”. No obstante, se ha aclarado que todas aquellas sanciones que hayan sido aplicadas o se encuentren en curso administrativo antes del 1° de enero de 2026 mantendrán su validez y seguirán su trámite correspondiente, asegurando así una transición justa y ordenada.
El texto de la resolución también subraya la importancia de garantizar una transición sin sobresaltos. Por ello, se ha establecido un plazo prudencial hasta la fecha de entrada en vigencia, permitiendo que productores, frigoríficos, y todos los demás eslabones de la cadena de valor ganadera, puedan adaptarse de manera progresiva al nuevo marco normativo. Esta previsión busca asegurar que la eliminación del peso mínimo no genere distorsiones inesperadas en los procesos comerciales ni en el delicado equilibrio del mercado ganadero, promoviendo una adaptación gradual y eficiente a esta significativa desregulación.