Ruptura en la mesa de negociación
La deliberación del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil desarrollada este viernes finalizó sin consenso tras el retiro masivo de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de las dos variantes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). El encuentro, llevado a cabo de manera virtual por decisión de la Secretaría de Trabajo de la Nación, quedó sin el quórum reglamentario necesario para avanzar en el plenario tras la salida de la representación gremial.
Como consecuencia directa de esta parálisis en la mesa técnica, el Gobierno nacional quedará facultado para establecer el nuevo incremento salarial por decreto, en forma unilateral y de manera conjunta con la Unión Industrial Argentina (UIA). Desde las centrales obreras criticaron con dureza la modalidad remota impuesta por las autoridades para el debate, asegurando que el formato virtual termina por vaciar de contenido a las instancias institucionales de negociación colectiva.
La brecha entre las propuestas y la denuncia ante la OIT
El quiebre del diálogo obedeció a la profunda distancia entre los montos solicitados por los trabajadores y los ofrecidos por la representación patronal. Mientras los sindicatos exigieron recomponer el básico elevándolo a $911.000 para el mes de julio y a $993.000 para diciembre, la propuesta formulada por la UIA contempló apenas un aumento del 1,8% en septiembre y del 1,7% en octubre, esquema que proyectaba alcanzar los $468.000 recién en abril del próximo año. Dirigentes sindicales calificaron el ofrecimiento de «irrisorio», argumentando que los porcentajes no alcanzan para cubrir la canasta básica.
Antes de levantarse de la mesa, la delegación de los trabajadores demandó de manera formal que se reactiven las comisiones internas del Consejo dedicadas a la Productividad, Empleo y Formación Profesional, con el objeto de analizar el panorama ocupacional en el país. Asimismo, los gremios cuestionaron la falta de vocación de diálogo atribuida a la gestión oficial.
Ante este escenario de ruptura, las tres centrales obreras confirmaron que elevarán una denuncia formal contra el Estado argentino ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde solicitarán la intervención de una comisión técnica de inspección para auditar el incumplimiento de los convenios de fomento del diálogo social en la Argentina.
