Néstor Iglesias, secretario general del gremio que agrupa a los mandos medios de la construcción, analizó en LU3 el impacto del freno a la obra pública y el rol de las próximas inversiones energéticas en la ciudad. Además, denunció una «clara persecución» política y judicial hacia los sindicatos.
En un contexto marcado por la paralización de la obra pública nacional y la tensión entre el Gobierno y las entidades gremiales, Néstor Iglesias, secretario general de la Unión de Empleados de la Construcción y Afines de la República Argentina (UECARA), brindó un panorama detallado sobre la situación del sector. En diálogo con el programa Miradas de 9 a 12 por LU3, el dirigente abordó desde las polémicas judiciales locales hasta las proyecciones industriales que posicionan a Bahía Blanca como un polo clave para la absorción de mano de obra.
Persecución sindical y el rol de la Justicia
La entrevista comenzó con una fuerte crítica al accionar del Poder Judicial y las fuerzas de seguridad en relación con recientes conflictos gremiales, particularmente el que involucró al Sindicato de Empleados de Comercio durante el último Viernes Santo. Iglesias fue tajante al rechazar los calificativos emitidos por el jefe de fiscales locales. «Uno no defiende la violencia, pero sí rechaza la persecución y los adjetivos calificativos que ha hecho el Poder Judicial a tan corto plazo del hecho. No tengo por qué bancarme eso y lo manifiesto públicamente, está muy mal», señaló.
El titular de UECARA enmarcó este episodio en un escenario nacional más amplio, acusando a la administración del presidente Javier Milei de intentar desarticular a los sindicatos. Puso como ejemplo la intervención de UATRE y su obra social (Osprera), denunciando que los interventores gubernamentales «vienen para hacer caja y hacer dinero, cobrando sueldos millonarios, y obviamente quebrar la estructura gremial», trazando paralelismos con gestiones similares durante el gobierno de Mauricio Macri.
Asimismo, Iglesias expresó su preocupación por el descabezamiento de la cúpula policial bahiense tras la protesta comercial, interpretándolo como un mensaje político. «Entiendo que se descabezó la cúpula como una forma de adoctrinar a la policía en el sentido de decir: ‘hay que reprimir, no hay que dialogar’. Es preocupante que ante cualquier situación vinculada al movimiento obrero haya represión inmediata», advirtió.
El impacto del parate en la obra pública
En el plano estrictamente laboral, el diagnóstico de UECARA es severo. El sindicato, que representa al personal jerárquico, técnico y administrativo de las empresas constructoras (a diferencia de UOCRA, que agrupa a los obreros jornalizados), ha sufrido un duro golpe.
«La situación es mala. En lo que va de la gestión del presidente Milei, nosotros perdimos 8.000 afiliados. Es un golpe muy fuerte», reconoció Iglesias. Explicó que la cancelación de grandes proyectos nacionales, como las represas en Santa Cruz o los desarrollos en Atucha, ha dejado a miles de técnicos y profesionales sin actividad. Además, advirtió sobre la dificultad de recuperar este tipo de mano de obra especializada: «Desprenderse de un técnico con experiencia o un administrativo que maneja múltiples convenios es muy complejo. Generalmente lo absorbe otra empresa de otro rubro y no vuelve».
Bahía Blanca: la «isla» de la inversión privada
Frente al freno estatal, la mirada del sector constructor apunta de lleno al desarrollo de Vaca Muerta en Neuquén y Río Negro, y a las inversiones petroquímicas en Bahía Blanca. Iglesias definió a la ciudad como una «isla» que logra sostener la actividad gracias a su perfil industrial privado.
Si bien lamentó la pérdida de la megainversión de Petronas (que se trasladó a Río Negro por lo que consideró «una decisión política»), el dirigente se mostró optimista por los proyectos en puerta. «En Bahía Blanca hay proyectos grandes, como las inversiones de Transportadora de Gas del Sur (TGS) por más de 3.000 millones de dólares, que podrían generar cerca de 3.800 puestos de trabajo, además de la ampliación de Profertil y los proyectos de Pampa Energía. En el pico de obra, podría haber unos 4.000 trabajadores», detalló.
No obstante, Iglesias lanzó una fuerte advertencia sobre la falta de planificación urbana para recibir este aluvión laboral. «Si llegan 5.000 o 6.000 trabajadores más, con sus familias, esa población va a necesitar vivienda, servicios, recreación y salud. Hoy ya tenemos problemas de agua y cloacas. Ese crecimiento hay que planificarlo desde ahora para que no se genere un cuello de botella en la ciudad», concluyó, llamando a establecer mesas de diálogo entre empresas, Estado y sindicatos.
