El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) dio a conocer su informe detallado sobre la evolución y dinámica de la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN) y de sus distintas jurisdicciones, organismos y programas correspondientes al acumulado entre enero y septiembre del ejercicio fiscal 2026. El estudio examina el gasto clasificado por finalidad, función y jurisdicción, incorporando además un desglose temático de organismos y programas claves, y estableciendo una rigurosa comparación a valores constantes frente a los ejercicios 2025, 2024 y 2023.
Al analizar el gasto total agregado de la Administración Pública Nacional, el relevamiento constata que, al mes de septiembre de 2026, la ejecución registra una caída real del 31% si se contrasta con el mismo período del año 2023, expresado en moneda de poder adquisitivo constante de septiembre de 2026. Al medir la variación interanual respecto de septiembre de 2025, el gasto total muestra una contracción marginal del 0,3%.
Distribución del gasto por función y servicios esenciales
En cuanto a la estructura del gasto según la función presupuestaria, la Seguridad Social continúa concentrando con amplitud la mayor proporción de los recursos estatales, abarcando el 58% del total ejecutado entre enero y septiembre de 2026, un nivel de participación que se mantiene estable en relación con el ejercicio anterior. Por su parte, los Servicios de la Deuda Pública treparon hasta alcanzar el 11,2% del gasto total ejecutado, superando el 8,8% registrado en el mismo período de 2025, lo cual se alinea con un crecimiento real interanual del 27,8% en su ejecución.
Detrás de estos rubros se ubican otras funciones con menor incidencia relativa dentro del presupuesto nacional, tales como Educación y Cultura (5%), Salud (5%), Energía, Combustibles y Minería (5%), el Poder Judicial (2%), Promoción y Asistencia Social (2%), Seguridad Interior (2%) y Transporte (2%), mientras que el resto de las aperturas funcionales presenta participaciones inferiores al 2% individual. No obstante, al cotejar el gasto por finalidad y función frente a 2023, el CEPA advierte retrocesos generalizados: los Servicios Económicos sufrieron un derrumbe real del 67,5% y los Servicios Sociales experimentaron una baja del 22,8%.
Recortes profundos en ciencia, salud y educación
El informe detalla un ajuste asimétrico que impacta con dureza sobre organismos técnicos, científicos y de control. En el área de Ciencia y Tecnología, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) exhibe una caída real del 89,9%, configurando una virtual paralización operativa. En la misma sintonía operan el CONICET (-36,3%), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (-26,7%), la CONEAU (-35,2%), la Fundación Miguel Lillo (-30,3%), el Servicio Geológico Minero Argentino (-26,9%) y el Servicio Meteorológico Nacional (-42,8%).
Dentro del sector sanitario, el relevamiento expone recortes severos en la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán (-30,4%), la ANMAT (-35,6%) y la Superintendencia de Servicios de Salud (-73,4%). Los hospitales nacionales atraviesan caídas generalizadas que oscilan entre el 26,6% y el 52,7%, afectando al Hospital Dr. Baldomero Sommer (-47,9%), al Hospital en Salud Mental Laura Bonaparte (-52,7%), al Hospital Profesor Alejandro Posadas (-26,6%) y al Hospital Dr. Ramón Carrillo (-43,8%), aunque en contrapartida el INCUCAI registra un incremento real del 58,1%.
En materia educativa, programas de alta sensibilidad social como Conectar Igualdad, el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles muestran una ejecución totalmente nula, reflejando una caída del 100%. Asimismo, se registran drásticas reducciones en Acciones de Formación Docente (-92%), Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes (-84,7%), Infraestructura y Equipamiento educativo (-97,1%) y el Desarrollo de la Educación Superior (-29,8%).
Ajuste en desarrollo social, fuerzas de seguridad y obra pública
Los programas vinculados a la seguridad social y el desarrollo humano también acusan fuertes descensos. La ANSES registra una disminución real del 6,4%, mientras que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia experimenta un desplome del 74,9% y el INAES una caída del 78,5%. Programas alimentarios y de asistencia como Comedores Comunitarios y Merenderos caen un 57,5%, la Prestación Alimentar retrocede un 36,2% y el Plan Nacional de Protección Social baja un 58,4%, al tiempo que Economía Social y el Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia carecen de ejecución presupuestaria (-100%).
En el flanco de la seguridad interior y la defensa nacional, las fuerzas federales presentan recortes sustanciales: la Policía Federal Argentina cae un 35,2%, la Prefectura Naval un 31,8%, la Gendarmería Nacional un 31,2%, y la Policía de Seguridad Aeroportuaria un 18,7%. Por el lado de las Fuerzas Armadas, el Ejército registra una baja del 20%, la Fuerza Aérea del 23,4% y la Armada del 18,2%.
El sector de transporte y obra pública exhibe niveles de ejecución extremadamente deprimidos, con paralizaciones totales en rubros como Infraestructura en Municipios, Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional y Obras de Seguridad en Rutas Nacionales (-100%). Se suman caídas drásticas en el Desarrollo de Obra Pública (-97,9%), la construcción de Rutas Nuevas y Pavimentación (-93,1%), Rutas Seguras (-94,2%), el desarrollo de la Cuenca Matanza-Riachuelo (-94,7%) y la infraestructura hidráulica (-80%). Las transferencias y asistencia financiera a provincias y municipios sufrieron un freno casi total, destacándose la supresión del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (-100%).
Las excepciones: subas en inteligencia y deuda
En contraste con el recorte generalizado que atraviesa la mayor parte del Estado nacional, el informe del CEPA remarca el incremento experimentado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), dependiente de Presidencia de la Nación, cuya ejecución presupuestaria creció un 63,2% en términos reales respecto a 2023 y un 21% frente al ejercicio 2025. Junto al peso creciente de los servicios de deuda pública, estas partidas configuran los principales vectores de expansión dentro de una estructura estatal fuertemente constreñida por el ajuste fiscal
