La reciente imputación de una partera de 88 años por la supresión de identidad y venta de bebés en Rosario abrió una vía de esperanza para decenas de personas que desde hace años buscan su origen biológico. Ante la sospecha fundada de que la mujer operó de manera sistemática durante más de una década, la Justicia Federal lanzó un fuerte llamado a la comunidad para que potenciales víctimas o testigos se presenten a aportar información o radicar nuevas denuncias.
La fiscal federal Soledad García, a cargo de la investigación, advirtió que los siete casos que actualmente integran el expediente podrían representar únicamente una fracción del total de damnificados. La funcionaria explicó que en el período comprendido entre 1968 y 1980 se estima la existencia de más personas en esa misma condición, dado el prolongado tiempo en el que la acusada ejerció su actividad.
Por este motivo, el Ministerio Público Fiscal instó a todas las personas nacidas en esos años que tengan dudas sobre su identidad o sospechen de irregularidades a ponerse en contacto con las autoridades. Los interesados pueden dirigirse de forma personal a la sede de la Fiscalía Federal, ubicada en la calle Mitre 621 de la ciudad de Rosario. En el lugar, la Unidad de Víctimas brinda recepción y asesoramiento especializado, tanto para quienes buscan orientación para iniciar una búsqueda personal como para aquellos que posean datos de interés para sumar al expediente.
El origen de esta causa histórica no surgió de una investigación de oficio, sino de la articulación de las propias víctimas. La fiscal detalló que el expediente comenzó a partir de una primera denuncia individual tramitada bajo el régimen procesal anterior. Con el paso del tiempo, distintas personas que llevaban adelante búsquedas personales entraron en contacto entre sí y, al constatar que todas compartían a la misma partera como punto en común, avanzaron con seis nuevas denuncias ante la Justicia Federal.
Respecto al modo de accionar, la imputada trabajaba en el Hospital Roque Sáenz Peña. La Fiscalía aclaró que la institución hospitalaria no se encuentra involucrada como tal, sino que la mujer utilizaba su puesto para tomar contacto con embarazadas en situación de vulnerabilidad y acceder a documentación en blanco que posteriormente falsificaba para entregar a los recién nacidos a cambio de dinero.
A pesar de haber transcurrido más de medio siglo desde los primeros hechos investigados, los delitos imputados —supresión de identidad y falsificación ideológica— son considerados de carácter continuo o en curso, por lo que la acción penal no se encuentra prescripta.
La causa suma además una línea de investigación sobre el entorno familiar de la acusada: la Fiscalía solicitó la extracción compulsiva de ADN a la propia hija de la imputada con el objetivo de determinar si también se trató de una apropiación.
