La Justicia allanó campos ligados al grupo Vicentin en Santa Fe y rescató a 31 trabajadores, incluyendo menores de edad, que vivían en condiciones de precariedad absoluta, sin agua potable ni sanitarios. El hallazgo reaviva el debate sobre la impunidad de la cerealera, mientras sus exdirectivos son citados a indagatoria por un fraude de 260 millones de dólares al Estado.
El Hallazgo de la Explotación en Pleno Siglo XXI
En un operativo judicial dirigido por la Sede Fiscal Descentralizada de Rafaela, a cargo del fiscal federal Guillermo Onel, se descubrieron y rescataron a 31 trabajadores rurales que estaban sometidos a condiciones de explotación laboral comparables a la servidumbre. Los allanamientos se llevaron a cabo en campos del norte de Santa Fe vinculados al grupo agroexportador Vicentin, específicamente en establecimientos como Santa Ana SRL y “La Revancha”, administrada por La Isabelina SA, una empresa controlada por familias históricamente ligadas a la cerealera.
Entre las víctimas se encontraban dos adolescentes de 17 años realizando tareas de desmalezamiento. La Fiscalía constató que varios de los trabajadores, provenientes de distintas provincias, vivían hacinados en campamentos improvisados y precarios.
Las condiciones eran de una «precariedad absoluta», según el comunicado judicial:
- Vivienda: Los trabajadores dormían en el piso sobre mantas o colchones dentro de toldos de nailon o construcciones improvisadas.
- Sanidad: No contaban con acceso a agua potable ni a baños, utilizando únicamente «tachos para sus necesidades».
- Jornada y Salario: Cumplían jornadas laborales de diez horas, de lunes a lunes, con un sueldo de $300.000 quincenales, a lo que se descontaba el costo de la comida provista por la propia explotación.
El Fantasma de La Forestal y la Explotación Histórica
El escenario de explotación, que la Justicia consideró comparable con los brutales esquemas de «semiesclavitud», remite a casos históricos paradigmáticos en Argentina. Investigadores destacaron que las condiciones de los trabajadores son análogas a las prácticas llevadas a cabo por empresas como La Forestal a principios del siglo XX.
La Forestal, una compañía de capitales británicos, dominó la explotación del quebracho en el norte de Santa Fe y el Chaco. Su modelo productivo se basaba en la sobreexplotación laboral, el pago con vales canjeables solo en los almacenes de la empresa (eliminando la posibilidad de capitalizar el trabajo) y la falta de infraestructuras básicas para los obreros, mientras los gerentes vivían en condiciones de lujo. La represión armada de las huelgas obreras de 1919-1921 por parte de fuerzas parapoliciales apoyadas por la compañía cerró uno de los capítulos más trágicos de la historia laboral argentina. El hecho de que un modelo de explotación tan extremo reaparezca hoy en campos vinculados a un actor central del agronegocio como Vicentin subraya la persistencia de patrones de abuso en la producción primaria argentina.
Impunes: El Vínculo entre Fraude y Explotación
Este caso de explotación se suma a la grave crisis judicial que atraviesa el Grupo Vicentin desde su default en 2019, que fue el más grande de la historia privada argentina, acumulando una deuda de 1.350 millones de dólares. El pasado 16 de septiembre de 2025, el juez federal Julián Ercolini citó a indagatoria a 26 exdirectivos de la cerealera y del Banco Nación, incluyendo a sus expresidentes Javier Antonio González Fraga y Lucas Llach.
La acusación central es un presunto fraude millonario al Estado de al menos 260 millones de dólares, a través de créditos irregulares otorgados por el Banco Nación a la agroexportadora durante el último tramo del gobierno de Mauricio Macri. La Justicia probó que parte de ese dinero (unos 20 millones de dólares) habría sido desviado al exterior y a guaridas fiscales por los empresarios.
La noticia de la semiesclavitud en los campos vuelve a poner el foco en la impunidad del grupo empresario. En 2020, el entonces presidente Alberto Fernández había impulsado un proyecto de expropiación para salvar a la empresa de la quiebra y «defender los intereses nacionales». Sin embargo, la movilización de sectores políticos y mediáticos bajo la consigna «Somos todos Vicentin» y una posterior negociación con sus dueños hicieron que el Gobierno diera marcha atrás con la expropiación.
Hoy, a cinco años de aquel intento frustrado, las mismas familias que se vieron beneficiadas por el stand-by político y judicial enfrentan la nueva denuncia de explotar a sus trabajadores en condiciones inhumanas, evidenciando un doble patrón de conducta: el fraude millonario al Estado por un lado, y la explotación brutal de los más vulnerables en el ámbito rural por el otro.
