También, anunciaron que «se digitalizarán la totalidad de los legajos de los vehículos y se eliminarán los legajos físicos» y se propondrá a las Provincias «la adhesión al convenio de baja de impuestos de sellos y patentes provinciales, para reducir el costo de las operaciones registrales«.
Para impedir la contratación de personas que hayan tenido cargos políticos durante los últimos 10 años, como así también sus familiares o aquellos que no acrediten los requisitos y experiencia para cumplir la función, se implementará un «Régimen de Concursos transparentes«.
El comunicado oficial indica que otra de las modificaciones es que se auditará el sistema de fiscalización de los registros seccionales por la Subsecretaría de Asuntos Registrales y se deroga el régimen que impone el monopolio de la Casa de la Moneda en la compra de insumos, lo que permitirá la libre competencia de oferentes.
Finalmente, el Gobierno anunció que se digitalizará la verificación policial de vehículos y se aumentará «significativamente» el importe que obliga a las personas a informar al Estado el origen de los fondos para adquirir un vehículo.
Registros Automotor: la segunda etapa de la auditoría
Tras comunicar los cambios que se implementarán en base a los resultados de la auditoría que se llevó a cabo en la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA), inician la segunda etapa.
Esta tendrá como principal objetivo revisar el contrato general de administración de los Registros Automotor, acelerar la digitalización del proceso y bajar los costos de transferencias y/o patentamientos.
