Con el país transitando un período inédito con dos presupuestos prorrogados y la posibilidad de un tercero, el Presupuesto 2026 se ha convertido en el centro de la tensión política. Mientras la oposición se mantiene expectante y crítica, el Gobierno Nacional, a través de La Libertad Avanza, sostiene innegociablemente la bandera del «equilibrio fiscal», dejando en el aire la posibilidad de un debate y un acuerdo en el Congreso.
El presidente Javier Milei ha optado por una estrategia de comunicación atípica. A diferencia del año anterior, el anuncio sobre el Presupuesto 2026 no se realizará en el recinto de la Cámara de Diputados, sino en una cadena nacional el próximo lunes. Esta decisión, sumada a la falta de comunicación con la oposición, refuerza la percepción de un Poder Ejecutivo que busca gobernar al margen del Poder Legislativo.
Desde la oposición, el panorama es de preocupación y escepticismo. Un candidato de Fuerza Patria, en diálogo con este medio, expresó la necesidad de que «Milei gobierne con el Congreso», enfatizando que la mayoría de los bloques no quieren que se caiga la institucionalidad. Sin embargo, en el mismo sector se sospecha que el Presidente optará por prorrogar el presupuesto, una medida que le permitiría mantener el control total del gasto, sin necesidad de negociar con la oposición.
La figura de José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto, se ha vuelto central en el conflicto. Su gestión es cuestionada por la oposición, que lo responsabiliza de la parálisis de las comisiones clave y evalúa estrategias para removerlo de su cargo, un síntoma de la profunda desconfianza que reina en el Congreso.
Desde el oficialismo, la postura es clara y sin fisuras. En una reciente reunión de bloque, la única directriz que se sostuvo fue la de «no negociar el superávit fiscal». Los legisladores de La Libertad Avanza consultados indicaron que si ese principio se toca, el debate se cae. La única excepción que se podría considerar es una partida específica para discapacidad, pero solo si se llega a una instancia de debate.
La situación se complica con la posición de los gobernadores, que si bien en un momento se mostraron como actores de la «gobernabilidad», ahora exigen que el ajuste no se aplique a costa de la gente. Un ejemplo de esto es la crítica del gobernador Martín Llaryora, quien cuestionó la concepción «cruel» de dejar al Hospital Garrahan sin presupuesto. Estos reclamos reflejan una fisura en el apoyo que el gobierno podría necesitar, tanto en el recinto como en el futuro.
La falta de diálogo y la intransigencia por parte del oficialismo, sumadas a la resistencia de la oposición y de los gobernadores, hacen prever un escenario de difícil resolución. El hecho de que el país pueda sumar un tercer presupuesto prorrogado de manera consecutiva es un reflejo de la profunda crisis política e institucional que vive el país, donde el diálogo y el consenso parecen estar en un segundo plano.
