El Ministerio de Defensa de la Nación salió al cruce de la controversia generada por la supuesta «factura millonaria» a Bahía Blanca por el uso de los puentes de emergencia Bailey. La cartera que dirige Luis Petri desmintió que se trate de un alquiler de las estructuras y aseguró que los más de $43 millones de pesos trimestrales corresponden únicamente a los costos de seguro obligatorio y mantenimiento. Las estructuras temporales no serán removidas.
La Versión Oficial: Desmentida Total al «Alquiler Millonario»
La polémica que sacudió la relación entre el Gobierno Nacional y el Municipio de Bahía Blanca en los últimos días encontró una respuesta directa desde el Ministerio de Defensa. Tras la publicación de decretos locales que detallaban un pago trimestral de más de 43 millones de pesos por el uso de dos puentes Bailey instalados por el Ejército tras el temporal de marzo, lo que se interpretó como un «alquiler», la Nación buscó mitigar el impacto político y social.
Fuentes del Ministerio de Defensa fueron categóricas al desmentir que el monto sea un cobro por la locación de las estructuras modulares. Según la versión oficial, el pago exigido a la comuna no corresponde a un alquiler de la estructura en sí, sino a los costos operativos imprescindibles para su funcionamiento y legalidad. Estos costos incluyen, principalmente, el seguro obligatorio y el mantenimiento constante que requieren estos puentes de emergencia para garantizar la seguridad vial y su operatividad ante el intenso tránsito.
La instalación de puentes militares Bailey (del tipo modular o portátil) como infraestructura de emergencia, si bien es una asistencia vital, exige la formalización de convenios que garanticen su operatividad, ya que son bienes propiedad del Ejército Argentino, destinados a infraestructura crítica y logística. El costo de mantenimiento de estas estructuras, diseñadas para un despliegue rápido pero no para un uso permanente sin revisión, es significativo.
Garantía de Permanencia hasta las Obras Definitivas
Otro punto crucial en la aclaración del Ministerio fue el desmentido de que los puentes vayan a ser retirados en el corto plazo. La preocupación de la ciudadanía y del gobierno local se había intensificado ante la posibilidad de que la finalización de los convenios implicara su remoción, dejando a la ciudad nuevamente incomunicada en puntos clave.
Defensa confirmó que las estructuras metálicas permanecerán en su lugar (sobre el arroyo Maldonado y otros puntos afectados) y seguirán siendo utilizadas para desviar el tránsito, hasta tanto el Gobierno Nacional finalice las obras de reconstrucción de los puentes permanentes.
Esta garantía busca llevar tranquilidad a la ciudad, cuya conectividad depende en gran medida de estas unidades temporales desde el colapso generado por el trágico temporal. La permanencia de los puentes es fundamental mientras se espera la reactivación y finalización de las obras estructurales, como la reconstrucción de los puentes de la Ruta Nacional 3 y la Ruta Nacional 35, cuyas proyecciones en el Presupuesto 2026 ya generaban controversia por aparecer con escasos avances proyectados.
El Contexto de la Tensión Política
La aclaración llega en un momento de alta tensión entre el Gobierno Nacional y el municipio liderado por el peronista Federico Susbielles, que ya había criticado la reducción a la mitad de los fondos prometidos para la reconstrucción de la ciudad.
La primera noticia sobre la facturación de los puentes había profundizado la percepción de una falta de apoyo real del gobierno central ante la emergencia. La explicación del Ministerio de Defensa intenta ahora reencuadrar el debate: pasar de la idea de una «renta por ayuda humanitaria» a un «costo por seguro y mantenimiento» necesario para la operación de los bienes del Estado.
Si bien la aclaración no elimina la carga financiera para el municipio, ya que los $43 millones de pesos seguirán saliendo de las arcas bahienses, sí cambia el eje del debate político, enfocándolo en si esos costos de mantenimiento y seguro deberían o no ser absorbidos por el Gobierno Nacional en el marco de una emergencia decretada.
