La Comisión de Educación de Diputados de la Provincia de Buenos Aires unificó dos proyectos de ley para obligar a las instituciones, públicas y privadas, a implementar un filtrado permanente que impida el acceso a plataformas de apuestas y contenido inapropiado, en respuesta al alarmante y creciente fenómeno del juego compulsivo entre los adolescentes en el ámbito educativo.
Ante la escalada de la ludopatía juvenil, que ha permeado las aulas bonaerenses de manera preocupante, la Legislatura provincial ha tomado una medida contundente. La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó la unificación de dos iniciativas legislativas que tienen como objetivo primordial establecer por ley el bloqueo definitivo a los sitios de apuestas online y otros contenidos considerados inapropiados en toda la red de internet disponible en escuelas.
La decisión de la comisión, presidida por la diputada Fernanda Díaz (Unión por la Patria), fusionó los proyectos presentados por los legisladores Belén Malaisi (UCR + Cambio Federal) y Martín Rozas (Unión y Libertad). Este consenso interbloque subraya la gravedad y urgencia del flagelo que, según advierten directivos y especialistas, se ha «naturalizado» entre los estudiantes.
De la preocupación a la «política de Estado»
El motor de la acción legislativa es un diagnóstico compartido: la facilidad con la que los jóvenes acceden a plataformas de azar a través de sus dispositivos móviles, incluso dentro del horario escolar. La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Argentina (AIEPA) ha sido una de las voces de alerta, señalando que la combinación de azar, inmediatez y recompensas que ofrecen estos juegos resulta altamente adictiva para los adolescentes, cuya capacidad para resistir tentaciones aún se está desarrollando.
La diputada Malaisi, impulsora de una de las propuestas, sostuvo que la problemática requiere la fuerza de una ley y no puede quedar supeditada a una simple resolución administrativa temporal. Su proyecto busca modificar el Artículo 55 de la Ley Provincial de Educación para que el Ministerio de Educación provincial esté obligado a instrumentar los mecanismos de bloqueo en forma definitiva contra «todos los sitios de apuestas en red de internet en el ámbito de las escuelas, tanto de gestión pública como privada».
El legislador Martín Rozas, por su parte, complementó la iniciativa al proponer que las instituciones educativas deban exigir a sus proveedores de internet la instalación de sistemas de filtrado que impidan el acceso no solo a sitios de apuestas y juegos online, sino también a contenido para adultos. Su foco está puesto en garantizar un uso responsable y seguro de internet en el ámbito educativo, involucrando a docentes, estudiantes y empresas prestadoras del servicio.
El reto de la implementación y el calendario político
Si bien la unificación de los proyectos en la Comisión de Educación representa un avance significativo, el camino hacia la implementación efectiva de la norma no está exento de obstáculos, principalmente relacionados con el calendario parlamentario y la complejidad técnica.
Fuentes legislativas y especialistas advierten que, a pesar de la urgencia declarada, el tiempo apremia. Con la Legislatura cerca de entrar en receso y el ciclo lectivo culminando, la sanción definitiva de la ley debe concretarse en las pocas semanas de sesiones que restan. En caso de no avanzar, el dictamen aprobado pasaría para el próximo año parlamentario.
A esto se suma la estimación de que, incluso con una aprobación rápida, la puesta en marcha de los bloqueos y los sistemas de filtrado a nivel provincial requeriría una inversión considerable y un tiempo de ejecución que se extendería al menos hasta mediados del próximo año. Esto incluye la instalación técnica, la capacitación del personal escolar y el desarrollo de programas integrales de prevención y acompañamiento psicológico, medidas que la AIEPA y otros actores del sector educativo han solicitado insistentemente.
En este contexto, la medida legislativa se interpreta como una respuesta clara y simbólica del Estado frente a un problema que avanza a diario y que requiere una acción coordinada entre la educación, la tecnología y la salud pública para proteger a la población adolescente de la Provincia. La batalla contra la ludopatía online ya está en el Congreso.
