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El fiscal que liberó a Barrelier, bajo la lupa: paralizan su designación ante un posible jury

Iván Rodríguez, quien otorgó la libertad al principal acusado por el femicidio de Agostina Vega en mayo de 2025, no pudo asumir su cargo como Procurador Penitenciario Adjunto. La justicia cordobesa evalúa si será sometido a un jury por mal desempeño, negligencia grave y morosidad.

Un nombramiento paralizado

El fiscal Iván Rodríguez se encuentra en el centro de la polémica tras quedar vinculado con la liberación del principal acusado por el femicidio de Agostina Vega. El 30 de diciembre de 2025, la Legislatura de Córdoba había prestado acuerdo para su designación como Procurador Penitenciario Adjunto, tal como consta en el documento oficial que se observa en image_f9b5e0.png.

Si bien el funcionario debía asumir su nuevo cargo a comienzos de junio, la ceremonia de designación permanece paralizada. Esta decisión fue tomada a raíz de que la Comisión de Jurado de Enjuiciamiento de Córdoba analiza si avanzará en un jury contra el fiscal por su actuación en la causa previa al crimen de la adolescente.

El antecedente de la liberación

El conflicto se remonta a mayo de 2025, cuando Rodríguez liberó bajo fianza a Claudio Barrelier, quien se encontraba imputado por privación ilegítima de la libertad. En aquel entonces, el empleado municipal había estado detenido apenas 20 días antes de recuperar su libertad tras el pago de la caución.

La situación generó una fuerte indignación, especialmente tras conocerse que la víctima del femicidio de Agostina Vega había manifestado públicamente, un año antes del crimen, que la causa contra Barrelier no registraba avances.

Pedidos de jury y situación judicial

Ante la gravedad de los hechos, se presentaron tres pedidos formales para que se someta a juicio político a los fiscales Iván Rodríguez y Raúl Garzón. Las acusaciones presentadas contra ambos funcionarios incluyen cargos por negligencia grave, mal desempeño y morosidad. A casi un mes del femicidio que conmociona a la provincia, la justicia evalúa la procedencia de los pedidos de jury para determinar la responsabilidad de los fiscales en la gestión de los expedientes.

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