El gigante del e-commerce, cuyo fundador es el empresario más rico del país, informó a la SEC de Estados Unidos haber recibido 67 millones de dólares en exenciones fiscales por el régimen de la Economía del Conocimiento en los primeros nueve meses de 2025. La cifra representa un alza del 52% interanual y reaviva el debate sobre el costo fiscal de los incentivos al sector tech y su aplicación en grandes corporaciones.
En un momento de alta sensibilidad en Argentina por la búsqueda de equilibrio en las cuentas públicas y el debate sobre una inminente reforma tributaria, la empresa Mercado Libre (MELI) ha revelado ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) un notorio incremento en los beneficios fiscales que recibe del Estado argentino. Según la documentación presentada, la compañía de Marcos Galperin accedió a 67 millones de dólares en exenciones impositivas durante los primeros nueve meses de 2025, lo que marca un aumento del 52% respecto al mismo período del año anterior.
Este beneficio se enmarca en el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento (Ley 27.570), una normativa que busca incentivar el desarrollo, la inversión y la generación de empleo calificado en actividades como software, servicios digitales y biotecnología. El monto total desglosado por Mercado Libre incluye 50 millones de dólares en exenciones del Impuesto a las Ganancias y 17 millones por contribuciones a la seguridad social.
Un debate que se profundiza: el costo fiscal y las críticas sectoriales
El dato, que surge del Formulario 10-Q presentado ante el regulador norteamericano, ha puesto el foco en la política de incentivos fiscales y su aplicación en las grandes empresas.
Según sus propios reportes, el «unicornio» argentino —valado en más de 106.000 millones de dólares y fundado por Marcos Galperin, cuya fortuna personal se estima en 8.300 millones de dólares— acumuló más de 350 millones de dólares en beneficios fiscales del Estado argentino durante los últimos cinco años.
La controversia no solo se centra en el volumen de dinero eximido, sino también en el criterio de aplicación del régimen. Desde el Observatorio del Trabajo Informático (OTI) de la Asociación Gremial de Computación (AGC), se ha cuestionado públicamente que Mercado Libre «abusa de los beneficios» de la Ley de Economía del Conocimiento. El argumento central es que la empresa concentra la totalidad de sus operaciones bajo un único CUIT, permitiendo que todas sus áreas se beneficien del régimen, aunque solo una parte de su vasta actividad —que incluye e-commerce y servicios financieros— corresponda estrictamente a desarrollo de software y servicios digitales promovidos.
La defensa de Mercado Libre y la paradoja regulatoria
Ante el revuelo mediático generado por la publicación de sus cifras, Mercado Libre ha salido a defender su posición, argumentando que sus beneficios fiscales son un porcentaje reducido en comparación con el total de impuestos que abona en el país.
Según un comunicado de la empresa, «Mercado Libre tributa 20 veces más de lo que recibe como incentivo fiscal». La compañía detalló que solo en 2024 pagó impuestos propios por más de 1.100 millones de dólares y retuvo otros 2.081 millones de terceros. Además, destaca su aporte como generador de divisas, con una exportación de servicios que superó los 920 millones de dólares en 2024, y su rol como empleador de más de 15.000 personas en Argentina, 7.000 de ellas en el área tecnológica.
No obstante, la polémica se magnifica al considerar el contexto: mientras Marcos Galperin ha manifestado su apoyo a las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei y aboga por una menor intervención estatal, la propia compañía ha demandado recientemente al Estado «reglas claras» para regular la importación de productos de competidores chinos como Temu y Shein. Esta postura, que ha sido calificada por algunos sectores como «proteccionismo», sugiere una contradicción entre el discurso de libre mercado y la práctica ante la competencia internacional.
En este complejo escenario, el debate sobre la sostenibilidad del régimen de Economía del Conocimiento para las grandes corporaciones se consolida como uno de los puntos centrales de la próxima discusión tributaria, con sectores que defienden los incentivos como motor de desarrollo y otros que exigen una revisión del costo fiscal y la equidad en su aplicación.
