Una investigación de la UFIJ N.º 20 de Bahía Blanca ordenó una serie de allanamientos en las Unidades Penitenciarias N.º 19 de Saavedra y N.º 4 de Bahía Blanca, además de un domicilio particular en la ciudad, en el marco de una causa por extorsión. La maniobra consistía en amenazar a la víctima con «escrachar» fotos íntimas a cambio de transferencias de dinero. Los fondos, enviados a una mujer, terminaban en cuentas de tres presos, acumulando casi 875 mil pesos.
La justicia bonaerense ha puesto el foco en la operatoria de redes de extorsión que se gestarían desde el interior de las cárceles. La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N.º 20, encabezada por el fiscal Rodolfo De Lucia, y con la intervención del Juzgado de Garantías N.º 3, dispuso la realización de múltiples allanamientos en el sur de la provincia para desmantelar una banda dedicada a la extorsión con contenido sexual.
Los procedimientos se llevaron a cabo simultáneamente en tres puntos clave: la Unidad Penitenciaria N.º 19 de Saavedra, donde están alojados dos de los internos investigados; la Unidad Penitenciaria N.º 4 de Bahía Blanca, que aloja a un tercer preso implicado; y un domicilio particular ubicado en la calle Güiraldes al 2600 de Bahía Blanca, residencia de la mujer vinculada a la recepción del dinero.
La Mecánica de la Extorsión Digital
La investigación se puso en marcha el 11 de noviembre, a partir de la denuncia de un hombre que había sido víctima de una extorsión. Según el relato de la víctima, todo comenzó con un contacto a través de la red social Facebook. Allí, el hombre intercambió fotos de índole sexual con la mujer que, posteriormente, pasó a ser su victimaria.
Una vez que obtuvo el material sensible, la mujer comenzó a exigir dinero bajo la amenaza de «escrachar» (exponer públicamente) las fotos íntimas del denunciante, una modalidad de delito que, según expertos en ciberseguridad, se ha vuelto cada vez más frecuente, conocida como sextorsión.
Ante el temor a la exposición, la víctima realizó diversas transferencias de dinero a la cuenta de la mujer implicada. Sin embargo, el análisis de las transacciones reveló que el dinero no terminaba en manos de ella, sino que era redirigido casi inmediatamente a las cuentas de los tres internos alojados en las unidades penitenciarias de Bahía Blanca y Saavedra.
Cerca de un Millón de Pesos en Transferencias
La cuantificación del perjuicio económico a la víctima subraya la magnitud de la maniobra. La investigación pudo determinar que el dinero fue distribuido entre los presos de la siguiente manera:
Primer interno: Recibió un total de $295.275 pesos en transferencias.
Segundo interno: Le fueron transferidos $283.000 pesos.
Tercer interno: Recibió $192.901 pesos.
El monto total extorsionado a la víctima y transferido a las cuentas de los presos asciende a $771.176 pesos, distribuidos en múltiples envíos.
Los procedimientos de allanamiento estuvieron a cargo del personal de la División de Cibercrimen de la Policía Región Interior Sur. El objetivo principal de los operativos fue el secuestro de los teléfonos celulares de todos los involucrados, tanto de la mujer en su domicilio como de los tres presos en sus respectivas celdas, además de cualquier otro elemento tecnológico que pudiera aportar pruebas cruciales para la investigación de la cadena de mando y la operatividad de la extorsión.
La causa se inscribe en la tipificación de «extorsión», un delito complejo cuando se cruza con las restricciones logísticas y de comunicación del ámbito carcelario. La Justicia busca determinar el rol exacto de cada uno de los internos y si la mujer actuaba de manera consciente y coordinada como una «cajera» o intermediaria externa para el retiro y transferencia de los fondos obtenidos ilícitamente. Este caso pone nuevamente en relieve la necesidad de fortalecer los controles sobre el uso de dispositivos y la comunicación dentro de los establecimientos penitenciarios para evitar que se conviertan en centros de operación de delitos de alta complejidad.
