El juez de Garantías Alberto Manzi otorgó la excarcelación al Secretario Adjunto del gremio mercantil. Deberá abonar 30 millones de pesos y cumplir reglas de conducta para salir de Villa Floresta.
La situación procesal de Claudio Montiel, referente de la Asociación Empleados de Comercio (AEC), dio un giro significativo en las últimas horas. El titular del Juzgado de Garantías, Alberto Manzi, autorizó la excarcelación del gremialista bajo una caución real de 30 millones de pesos, rechazando así el pedido de prisión preventiva que había formulado el Ministerio Público Fiscal.
El origen del conflicto
Montiel se encontraba detenido tras los graves incidentes registrados durante el último Viernes Santo en las inmediaciones del Bahía Blanca Plaza Shopping. Aquella jornada, lo que comenzó como una protesta sindical derivó en una serie de hechos violentos que terminaron con la intervención de la fuerza pública y el inicio de una causa penal que sacudió la estructura del gremio mercantil local.
El Secretario Adjunto de la AEC enfrenta una plataforma fáctica pesada. La fiscalía le imputa la presunta comisión de los delitos de:
Daño y violación de domicilio.
Privación ilegítima de la libertad agravada.
Coacción agravada.
Traslado y fianza
A pesar de la gravedad de las calificaciones legales, la Justicia consideró que el riesgo procesal puede ser mitigado mediante una fianza económica y el cumplimiento de pautas de comportamiento. Hasta hace pocas horas, Montiel se encontraba alojado en la Comisaría Primera, desde donde fue trasladado a la Unidad Penitenciaria Nº4 de Villa Floresta.
Es en dicha cárcel donde el gremialista permanece actualmente, a la espera de que su defensa certifique el pago de los $30.000.000 estipulados por el magistrado. Una vez acreditado el depósito o la cobertura de la caución real, se hará efectiva su salida del penal.
Restricciones vigentes
La libertad de Montiel no será absoluta. El fallo judicial establece que, una vez fuera de la unidad carcelaria, el imputado deberá someterse a estrictas reglas de conducta. El incumplimiento de cualquiera de estas pautas o la falta de comparecencia ante los llamados de la justicia podrían derivar en la revocación inmediata del beneficio y su regreso a prisión.
La decisión del juez Manzi marca un precedente en la causa, mientras la fiscalía analiza los pasos a seguir tras haber sido denegado su pedido de mantener al sindicalista tras las rejas durante el proceso de investigación
