En una resolución que generó impacto inmediato en los tribunales locales, la Justicia bahiense dictó este mediodía la inmediata libertad de Pablo Cuchán. El magistrado a cargo del Juzgado Correccional N° 1, Gabriel Giuliani, fundamentó la medida en la prescripción de la acción penal en la última causa que mantenía al imputado tras las rejas, referida a episodios de lesiones leves agravadas y amenazas contra una mujer.
Cuchán se encontraba alojado en la Unidad Penal N° 19 de Saavedra desde abril de 2023. A pesar de haber recibido una condena de tres años de prisión efectiva en febrero de 2024, el tiempo transcurrido sin que dicha sentencia fuera confirmada por instancias superiores permitió que los plazos procesales se agotaran, derivando en su excarcelación.
Los fundamentos del fallo
El nudo gordiano de la resolución reside en los plazos de prescripción. Según el Código Penal, la acción penal se extingue si transcurre el máximo de la pena prevista para el delito sin que exista una sentencia firme o nuevos hechos que interrumpan el conteo. En este caso, al tratarse de delitos de lesiones y amenazas, el plazo superó los dos años sin que la condena de primera instancia lograra el carácter de «cosa juzgada».
El juez Giuliani entendió que, al no registrarse la comisión de nuevos delitos por parte de Cuchán durante este período, no hubo elementos legales para mantener la interrupción de la prescripción. De esta manera, la acción penal fue declarada extinguida, lo que derivó automáticamente en el cese de la detención.
Oposición de la fiscalía y antecedentes
La decisión del magistrado se dio a pesar de la férrea oposición de la fiscalía, que había solicitado mantener la detención del imputado considerando la gravedad de los antecedentes y la naturaleza de los hechos juzgados. Sin embargo, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y los límites estrictos que impone la prescripción técnica prevalecieron en el análisis del juez Correccional.
Cabe recordar que Pablo Cuchán es una figura recurrente en la crónica policial de la ciudad, habiendo cumplido previamente una condena de 17 años por el crimen de Luciana Moretti en 2004. Esta nueva libertad, obtenida por tecnicismos procesales en una causa menor, reabre el debate sobre la celeridad de la justicia y la efectividad de las condenas en el sistema penal bonaerense.
