El Gobierno nacional, bajo la administración de Javier Milei, consolidó un nuevo y profundo avance en su estrategia de alineamiento geopolítico con Washington. A través de la Armada Argentina, se formalizó la firma de una alianza militar con los Estados Unidos para instrumentar el denominado “Programa para la Protección de los Bienes Comunes Globales” (Protecting Global Commons Program). La iniciativa, de carácter bilateral, proyecta un esquema de operatividad y control conjunto sobre las aguas del Atlántico Sur que se extenderá formalmente durante los próximos cinco años.
El plan quinquenal: tecnología y entrenamiento de élite
El diseño operativo contemplado en la Carta de Intención establece una cooperación técnica y militar escalonada. El programa se pondrá en marcha de manera inmediata con la transferencia y equipamiento de una cámara de alta complejidad tecnológica, la cual será instalada a bordo de una aeronave de las fuerzas locales dedicada de forma exclusiva a las tareas de patrullaje en la zona económica exclusiva de la costa argentina.
De acuerdo con las especificaciones suministradas por el Comando Sur, el plan a cinco años contempla expandir progresivamente este soporte logístico inicial mediante tres ejes de acción coordinada:
Suministro tecnológico: Provisión continua de equipos de navegación, radares y sistemas avanzados de comunicación satelital.
Adiestramiento militar: Ciclos de entrenamiento de élite para los cuadros de la Armada, enfocados en tácticas de disuasión y control de la pesca ilegal.
Apoyo operacional directo: Asistencia en la planificación de misiones orientadas a interceptar y neutralizar amenazas marítimas o anomalías en las rutas de navegación del cono sur.
El documento formal que dio origen a la alianza estratégica fue suscripto por el Contraalmirante Carlos Sardiello, en representación de las Fuerzas Navales del Comando Sur y la Cuarta Flota de los Estados Unidos, y el Almirante Juan Carlos Romay, actual jefe del Estado Mayor General de la Armada Argentina.
Críticas opositoras y el debate por la soberanía
La oficialización del tratado militar despertó inmediatas y severas reacciones por parte de la oposición política y funcionarios de diversas administraciones provinciales, quienes interpretaron la medida como un menoscabo a la autonomía de los recursos estratégicos nacionales. El núcleo del debate técnico-jurídico se centró en la conceptualización que los Estados Unidos otorgan al territorio marítimo en sus comunicados oficiales.
«El Mar Argentino no es un bien común global. Es un espacio donde la Argentina tiene la obligación de ejercer jurisdicción propia y custodiar sus recursos», manifestó de forma categórica el ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, fijando la postura de la administración bonaerense.
El funcionario provincial cuestionó que el territorio marítimo nacional sea expuesto como una zona de entrenamiento y cartografía naval para potencias extranjeras. Asimismo, Bianco aprovechó su posicionamiento público para exigirle a la Casa Rosada el inicio urgente de gestiones diplomáticas firmes destinadas a frenar la explotación ilegal de hidrocarburos que el Reino Unido consolida en la Cuenca Malvinas Norte, denunciando una presunta inacción deliberada por parte del Ejecutivo central ante el despliegue británico en el archipiélago.
