La dinámica entre ingresos y el recorte de erogaciones
Durante el mes de julio de 2026, el Sector Público Nacional (SPN) consolidó su superávit fiscal primario, alcanzando los $2,96 billones. Tras afrontar el pago de intereses de la deuda por $2,72 billones, el resultado financiero también arrojó un saldo positivo de $0,24 billones. Sin embargo, la estructura detrás de estos números revela una economía que se achica: el superávit no se explica por un crecimiento genuino, sino porque el recorte de los gastos superó a la caída de los ingresos.
Los recursos totales del Estado ascendieron a $17,09 billones, lo que representa una contracción en términos reales del 2,5% interanual y del 4,8% frente al mismo mes de 2023. En contrapartida, el gasto público se ubicó en $14,13 billones, evidenciando una disminución real del 7,0% interanual y un drástico desplome del 29,9% en comparación con 2023.
Pese al saldo favorable mensual, la tendencia acumulada refleja un deterioro. En los primeros siete meses de 2026, el resultado fiscal experimentó una caída del 44,6% respecto a igual período de 2024 y del 26,6% frente a 2025, convirtiéndose en el superávit acumulado más bajo de la actual gestión.
El impacto recesivo en la recaudación tributaria
La merma en los ingresos del Estado es generalizada. El Impuesto al Valor Agregado (IVA), principal termómetro del consumo interno, registró su noveno mes consecutivo de caída interanual (-0,1% en términos reales) y perdió participación sobre el total recaudado. Por su parte, los Aportes y Contribuciones —el tributo de mayor peso— cayeron un 3,9% interanual, una tendencia que podría profundizarse en los próximos meses.
El comercio exterior tampoco aportó alivio. Los Derechos de Exportación cayeron un 21,7% debido a la reducción de retenciones vigente desde 2025, acumulando una pérdida de $2,75 billones en lo que va del año. En paralelo, los Derechos de Importación se desplomaron un 31,0% por séptimo mes consecutivo, reflejando menores compras de bienes de capital e insumos productivos. Las únicas excepciones fueron el Impuesto a las Ganancias (+25,0%), impulsado por postergaciones en los vencimientos, y Bienes Personales (+21,8%).
Los sectores más afectados por la motosierra
El sostenimiento del superávit requirió de recortes profundos en diversas áreas sensibles del Estado. Las Prestaciones Sociales se ubicaron un 14,7% por debajo de los niveles de julio 2023. Mientras que la Asignación Universal por Hijo logró recomponerse (+43,4%), otros rubros sufrieron fuertes licuaciones: las jubilaciones y pensiones contributivas cayeron un 5,7%, las asignaciones familiares un 40,6% y los «Otros programas» (que incluyen la Tarjeta Alimentar y transferencias a comedores) se desplomaron un 58,9%.
Los subsidios económicos mostraron un comportamiento dispar. Mientras que las compensaciones al transporte se redujeron un 44,5% frente a 2023 por la suspensión de pagos en el AMBA, los subsidios energéticos saltaron un 39,3% en el acumulado anual producto del incremento de los combustibles a nivel internacional.
Por su parte, el funcionamiento del Estado mantuvo un ajuste del 28,7%, explicado casi en su totalidad por la licuación de los salarios de la administración pública. Finalmente, el rubro más castigado volvió a ser el gasto de capital (obra pública), que registró una paralización casi total con una caída del 87,2% en términos reales frente a 2023.
La deuda capitalizada y los desafíos con el FMI
Más allá de los números oficiales, el análisis financiero enciende una alerta sobre la deuda pública. El Tesoro Nacional ha priorizado la emisión de Letras Capitalizables (LECAP, BONCAP y DUALES), instrumentos donde los intereses no se pagan de inmediato, sino que se suman al capital a su vencimiento.
Si el Gobierno hubiera contabilizado el pago de esos intereses ($2,12 billones en julio), el superávit financiero mensual se habría transformado automáticamente en un déficit de $1,83 billones. Bajo esta misma lógica, el acumulado anual pasaría de un saldo positivo a un rojo financiero de $55,23 billones.
Este escenario compromete los compromisos asumidos a nivel internacional. Pese a que el Fondo Monetario Internacional (FMI) flexibilizó las exigencias en abril de 2026, el Gobierno incumplió la meta de acumulación fijada para mediados de año por $0,57 billones. Las proyecciones indican que, de mantenerse la estacionalidad habitual, al Tesoro le faltarían más de $4,34 billones para alcanzar el exigente objetivo anual de diciembre, sumando incertidumbre al cierre del año fiscal.
