El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) dio a conocer un detallado informe técnico enfocado en analizar la situación presupuestaria y financiera de las Universidades Públicas Nacionales, tomando como eje central la presentación del proyecto de Ley de Presupuesto 2027 por parte del Poder Ejecutivo Nacional. El trabajo examina pormenorizadamente el impacto de las partidas asignadas en el Programa 26 («Desarrollo de la Educación Superior») y las contrasta con los requerimientos económicos establecidos en la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.
El derrotero institucional de la Ley de Financiamiento Universitario
El informe repasa la compleja trayectoria institucional de la norma de financiamiento. La Ley 27.795 fue sancionada inicialmente por el Congreso de la Nación el 21 de agosto de 2025. Ante su sanción, el Poder Ejecutivo decidió vetarla el 10 de septiembre de ese mismo año y devolverla al Parlamento. Sin embargo, el 2 de octubre ambas cámaras legislativas ratificaron la norma mediante una votación con mayoría agravada, insistiendo en su aprobación y dejándola formalmente sancionada.
Pese a ello, el 21 de octubre de 2025, al momento de su publicación oficial en el Boletín Oficial, el Ejecutivo dictó el Decreto 759/2025 mediante el cual suspendió su aplicación. El argumento esgrimido por el gobierno radicaba en que la ley no especificaba de forma explícita el origen de los fondos para financiarla, supeditando su ejecución a la incorporación previa de dichas partidas en el Presupuesto Nacional. Desde el CEPA se señala que esta medida resultó contradictoria con el texto de la propia ley, que facultaba expresamente al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias pertinentes para garantizar su cumplimiento. Al momento de la elaboración del informe, se cumplieron 358 días desde su sanción sin que el Estado nacional procediera a su aplicación.
Ante el fallo emitido el 23 de diciembre de 2025 por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, que declaró inaplicable el decreto oficial y ordenó al Estado cumplir con la ley, el Gobierno optó el 18 de febrero de 2026 por enviar un nuevo proyecto legislativo al Congreso para modificar la Ley 27.795. No obstante, a pesar de su ingreso formal por la Cámara de Diputados, la iniciativa no recibió tratamiento en comisiones. Finalmente, el 15 de septiembre de 2026 se presentó el proyecto de Presupuesto General para el ejercicio fiscal 2027, el cual contempla un incremento del 21,8% en el Programa 26.
Evolución y ajuste en el presupuesto de las universidades nacionales
Al analizar la trayectoria del presupuesto destinado a las Universidades Nacionales a través del Programa 26 («Desarrollo de la Educación Superior»), el informe del CEPA evidencia un proceso de ajuste persistente durante la gestión de La Libertad Avanza.
Al comparar los créditos presupuestarios en términos reales a valores constantes de 2027, se observan las siguientes variaciones acumuladas frente al año base 2023:
Entre los presupuestos de 2025 y 2023, la contracción real alcanzó el 25,2%.
Al cotejar el año 2023 con el presupuesto vigente en 2026 (proyectando la inflación hasta diciembre según los parámetros del Presupuesto 2027), se registra una reducción acumulada del 22,0%.
Respecto al proyecto de Presupuesto 2027, si bien se proyecta un leve crecimiento real del 1,2% en comparación con el crédito vigente de 2026, la cifra consolida un profundo ajuste al ubicarse un 21,1% por debajo de los niveles reales que registraba el sector en el año 2023.
Asimismo, el estudio contrasta el Presupuesto 2027 con lo que hubiera significado la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. De haberse implementado la norma insistida por el Congreso, el presupuesto universitario ascendería a $9,60 billones expresados a valores constantes de 2027, lo que implica que la ley superaría en un 28,0% las previsiones del proyecto oficial para el próximo año. Adicionalmente, se advierte sobre la arbitrariedad introducida en el Presupuesto 2027, ya que el Programa 26 incluye la suma de $851.558 millones bajo el concepto de «Fortalecimiento de Recursos Humanos» que, al encontrarse ubicado «bajo la línea», queda sujeto enteramente al arbitrio de la Secretaría de Educación para su efectiva ejecución.
Deterioro del salario docente y no docente frente a la inflación y las canastas básicas
En consonancia con la contracción presupuestaria, el poder adquisitivo de los trabajadores docentes y no docentes de las universidades públicas ha sufrido un fuerte deterioro desde el inicio de la actual administración. Hacia septiembre de 2026, el salario real del personal universitario permanece un 24,2% por debajo de los niveles registrados en noviembre de 2023.
El proceso erosivo se concentró fuertemente en los primeros ocho meses de gestión (diciembre de 2023 a julio de 2024), lapso en el cual se constató una caída del 23,1%. Tomando noviembre de 2023 como base, el salario real se redujo un 24,4% durante 2024 y un 10,1% adicional en 2025, acumulando una merma del 32,1% al cierre de dicho año. Durante los primeros nueve meses de 2026 se verificó un rebote real del 11,6%, impulsado por un incremento salarial del 37,8% frente a una inflación (IPC) del 23,5%, aunque insuficiente para revertir la pérdida histórica. Cabe destacar que la Ley de Financiamiento Universitario disponía una convocatoria inmediata a paritaria para otorgar un incremento del 32,0% que restituyera los haberes a los valores de noviembre de 2023.
El impacto del ajuste salarial se refleja de manera dramática al analizar categorías específicas, como el salario bruto de un Jefe de Trabajos Prácticos (JTP) con dedicación semi-exclusiva y sin antigüedad. Medido en pesos constantes de septiembre de 2026, dicho cargo percibía $1.185.861 en noviembre de 2015 y $1.058.166 en noviembre de 2019, descendiendo a $887.581 en noviembre de 2023, para desplomarse hasta los $672.309 en septiembre de 2026. Esto representa una caída real del 43,3% respecto a 2015. De haberse aplicado la Ley de Financiamiento Universitario, el salario de un JTP se ubicaría en $887.581, moderando la pérdida al 25,2% frente a 2015.
El informe cruza también los salarios básicos brutos vigentes en septiembre de 2026 con los valores de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT) calculadas para un Hogar Tipo 2 (compuesto por cuatro integrantes), ubicadas en $738.690 y $1.632.505 respectivamente. Los resultados indican que una amplia mayoría de las escalas salariales se encuentra bajo la línea de la pobreza:
En cuanto a la Canasta Básica Total (Línea de Pobreza), únicamente los cargos de Profesor Titular ($2.007.039) y Profesor Asociado ($1.785.974) con dedicación exclusiva logran superar la línea, con márgenes muy acotados, al igual que las tres categorías superiores del personal no docente. El resto de las categorías docentes y no docentes percibe ingresos inferiores al costo de la CBT.
Respecto a la Canasta Básica Alimentaria (Línea de Indigencia), solo los profesores Titulares, Asociados y Adjuntos con dedicación semi-exclusiva logran superarla. La totalidad de los cargos con dedicación simple (desde titulares hasta auxiliares de segunda) perciben salarios brutos que se ubican por debajo de la línea de indigencia.
Finalmente, el estudio advierte que el artículo 12 del proyecto de Presupuesto 2027 estipula que las plantas de personal sobre las cuales se aplicarán futuros aumentos salariales serán las vigentes a las liquidaciones de noviembre de 2026, limitando las ampliaciones a aquellas expresamente autorizadas por la Subsecretaría de Políticas Universitarias
