El Tribunal en lo Criminal N° 3 de Bahía Blanca inició el juicio oral contra un comerciante de origen chino, propietario de un supermercado, acusado de abuso sexual simple y agravado contra tres mujeres que trabajaban bajo su dependencia. El caso expone la vulnerabilidad de las trabajadoras en el ámbito laboral y la importancia de la denuncia como vía para visibilizar y sancionar la violencia de género en el sector privado.
Comienza el proceso judicial por denuncias de abuso de autoridad
La ciudad de Bahía Blanca se centra nuevamente en un caso judicial de alto impacto social que subraya las dinámicas de poder y abuso en las relaciones laborales. Un comerciante de origen chino, dueño de un supermercado en la zona, es juzgado tras ser acusado por al menos tres exempleadas de haber cometido abusos sexuales en el lugar de trabajo, aprovechándose de su posición de autoridad.
El imputado, cuyo nombre se mantiene en reserva por respeto a la identidad de las víctimas, enfrenta cargos por Abuso Sexual Simple y Abuso Sexual Agravado, un delito que puede conllevar penas de prisión considerablemente altas. Las denuncias, que en algunos casos se hicieron públicas por primera vez a principios de 2022 y motivaron allanamientos en el local de la calle 11 de Abril, describen un modus operandi basado en el aprovechamiento de la soledad y el abuso del poder jerárquico.
La investigación de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 14 del Departamento Judicial Bahía Blanca, a cargo del fiscal de la causa, logró reunir los elementos probatorios necesarios para elevar la causa a juicio oral. El proceso judicial busca determinar la responsabilidad penal del comerciante por los hechos cometidos dentro de su local, un ámbito que debería ser seguro y libre de violencia para sus trabajadoras.
El contexto de las denuncias: precariedad y abuso de poder
Las víctimas, jóvenes que se desempeñaban como repositoras o en tareas de atención al público en el supermercado, coincidieron en describir situaciones de vulnerabilidad. Según se pudo reconstruir durante la instrucción, el acusado utilizaba momentos en los que el local estaba cerrado al público o áreas menos transitadas del establecimiento —como depósitos, oficinas o la zona detrás de la caja— para convocar a las empleadas individualmente.
En ese entorno de encierro y poder absoluto, el comerciante habría incurrido en tocamientos indebidos y otros actos de índole sexual. Uno de los relatos más impactantes que trascendió durante la etapa de instrucción indicaba que el acusado llegaba a cerrar la puerta del comercio, ocultando la llave, lo que generaba en la víctima un temor paralizante a resistirse ante la posibilidad de que el ataque escalara.
Este tipo de casos pone de manifiesto la doble problemática que enfrentan las víctimas: por un lado, la agresión sexual directa, y por otro, la coacción psicológica derivada de la asimetría de poder económico y laboral. En un contexto de precariedad laboral, denunciar al empleador representa un riesgo inminente de perder la fuente de ingresos, lo que explica en muchos casos el silencio inicial o la dificultad para formalizar la acusación. La valentía de las tres mujeres en Bahía Blanca para denunciar y sostener su testimonio es un hito fundamental para la aplicación de la justicia.
La relevancia del juicio en la justicia laboral y de género
El juicio contra el comerciante tiene una significación que trasciende el caso individual. En el ámbito judicial, se convierte en un precedente importante sobre el alcance de la responsabilidad penal de los dueños de empresas frente a las agresiones sexuales que ocurren en el entorno laboral.
La justicia penal, al avanzar con este tipo de procesos, envía un mensaje claro a la sociedad y al empresariado: el lugar de trabajo no es una zona de impunidad. Los dueños y gerentes tienen la obligación legal de garantizar un ambiente libre de violencia y acoso.
Además, el caso se enmarca en la lucha por la aplicación de la Ley Nacional N° 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, que define la violencia laboral como aquella que «ejerce una persona que tiene un vínculo laboral» con la víctima y que implica «la desvalorización, el hostigamiento, la descalificación, la marginación o el abuso sexual».
Se espera que el Tribunal, al dictar sentencia, no solo aplique la ley penal en su máxima severidad, sino que también incorpore una perspectiva de género y de derechos humanos laborales, considerando el abuso de autoridad como un factor agravante central de la conducta criminal. El desarrollo de las audiencias, que contarán con la declaración de las víctimas y de testigos, será crucial para determinar la condena final.
El desenlace de este caso es seguido de cerca por organizaciones de mujeres y gremiales, ya que representa un hito en la protección de los derechos de las trabajadoras del sector comercial en Bahía Blanca y en la lucha contra la impunidad de quienes usan su posición de poder para cometer delitos de índole sexual.
