El complejo yerbatero argentino enfrenta una de sus encrucijadas más severas de los últimos años. Tras alcanzar en 2024 una cosecha récord de 987,1 millones de kilogramos de hoja verde, la actividad experimentó un acelerado retroceso. En 2025, el procesamiento cayó un 9,9% interanual al situarse en 889,3 millones de kilos, mientras que durante el primer semestre de 2026 la entrada a secaderos retrocedió un 7,2% interanual al alcanzar los 417,5 millones de kilogramos, cifra que representa una caída del 25,9% respecto de los niveles de 2024. La tendencia negativa se profundizó al cierre de la zafra de invierno: los datos acumulados entre enero y julio de 2026 confirmaron el ingreso de 568,9 millones de kilos de hoja verde, lo que marca una baja interanual del 11,2% y la sexta peor marca de los últimos ocho años. Esta retracción estuvo acompañada por una marcada alteración en la distribución provincial, donde Misiones redujo su participación al 80,0% (el nivel más bajo del quinquenio), mientras que Corrientes elevó su cuota al 20,0%. La brecha estructural entre ambas jurisdicciones resulta determinante: Misiones cuenta con 86 operadores atomizados entre pymes, cooperativas y empresas familiares, mientras que Corrientes concentra su volumen en apenas seis empresas. Esta disparidad aceleró la concentración del mercado, donde las tres principales firmas industriales (Cooperativa Colonia Liebig, Las Marías y La Cachuera) representan por sí solas el 49,5% de la yerba salida del molino.
El factor determinante en el deterioro de las condiciones del sector primario radica en el impacto de la desregulación dispuesta mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, el cual quitó al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) sus facultades históricas para fijar valores de referencia y regular la oferta. Si bien la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas ratificó una medida cautelar que suspende dichos artículos, la causa permanece en la Corte Suprema de Justicia sin tratamiento desde junio de 2024. En la práctica, la parálisis del organismo dejó la fijación de precios a merced de las grandes industrias. Según la actualización de la grilla de costos elaborada por el INYM en julio de 2026, el costo de producir un kilogramo de hoja verde se ubicó en $473,70 (compuesto por $201,21 de labores en planta y $245,48 de cosecha y flete, sin contemplar cargas impositivas ni ganancia para el agricultor). En contraposición, los precios máximos pagados por los secaderos en junio rondaron los $280 por kilo, consolidando una pérdida directa para el productor de $193,70 por kilogramo entregado, lo que equivale a trabajar con un margen negativo del 69,2% respecto del valor percibido. Además, el productor captó en el primer semestre de 2026 un promedio de solo el 13,3% del precio final en góndola ($5.211 promedio por kilo), representando el peor registro semestral para este ratio desde 2019.
En lo que concierne al consumo y al comercio exterior, la demanda en el mercado interno registró una leve contracción del 0,7% interanual en el primer semestre de 2026, con un volumen de 137,3 millones de kilogramos, estabilizándose en torno a los 22 millones de kilos mensuales debido a la pérdida de poder adquisitivo de los hogares. Por el contrario, las exportaciones constituyeron el único indicador con balance positivo: en el acumulado a julio de 2026 alcanzaron un récord histórico de 32,1 millones de kilos (+4,0% interanual), impulsadas por el envío a destinos tradicionales como Siria, Chile, España y Estados Unidos, así como por la apertura de nuevos mercados en Europa y Medio Oriente. No obstante, los exportadores advierten que los valores internacionales se ubican más de 50 centavos de dólar por kilo por debajo de las cifras de 2023, lo que limita la capacidad de derrame hacia el precio en origen. En materia de importaciones, durante el primer semestre ingresaron 3,3% de la producción molida nacional, proviniendo un 65,8% de Brasil y un 34,2% de Paraguay, consistiendo en un 99,9% en yerba molida lista para empaquetar.
El quebranto económico de las familias productoras se vio agravado por el deterioro financiero en las condiciones de pago y por medidas de recorte presupuestario. La modalidad de comercialización predominante impuso esquemas de cobro donde solo el 50% de la entrega se realiza al contado, cancelándose el saldo restante mediante cuotas diferidas a 30, 60, 90 y hasta 120 días, con un notable incremento en la tasa de cheques rechazados. En paralelo, la Decisión Administrativa 20/2026 oficializó un recorte de $1.705 millones en los créditos del Programa de Impulso al Desarrollo de las Economías Regionales (IDER), quitando asistencia financiera para la mejora de maquinaria e infraestructura comunitaria en cooperativas. La profundización de la crisis derivó en un éxodo laboral de tareferos y trabajadores rurales hacia Brasil, pérdidas en cultivos por temporales de granizo y el anuncio de una «no cosecha» para la zafra de verano. La tensión social escaló a comienzos de septiembre con un «tractorazo» convocado por productores en Puerto Iguazú y la presentación de un proyecto en la Legislatura de Misiones para declarar la emergencia del sector y establecer un precio mínimo obligatorio de la hoja verde a nivel provincial.
