El exministro de Energía ucraniano Herman Galushchenko fue detenido este domingo cuando intentaba cruzar la frontera del país, en el marco de la denominada Operación Midas, considerada la mayor investigación por corrupción en Ucrania desde el inicio de la invasión de Rusia en 2022.
La detención fue confirmada por la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania, que informó que el exfuncionario fue interceptado por sus detectives mientras intentaba abandonar el territorio nacional. Según el organismo, se están llevando adelante “acciones de investigación prioritarias” con aval judicial, aunque por el momento no se difundieron detalles adicionales sobre los cargos formales.
La investigación se centra en un presunto esquema de sobornos a gran escala dentro del sector energético durante el conflicto bélico. De acuerdo con las pesquisas, el supuesto cabecilla de la red sería Timur Mindich, copropietario de la productora Kvartal 95, quien habría coordinado un sistema de pagos ilícitos a contratistas de Energoatom, la principal operadora estatal de centrales nucleares del país.
Fuentes de la investigación sostienen que Mindich habría abandonado Ucrania. El empresario mantiene vínculos comerciales con el presidente Volodímir Zelenski, fundador de Kvartal 95 antes de iniciar su carrera política. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no atribuyeron responsabilidades directas al mandatario en el expediente judicial.
Galushchenko estuvo al frente del Ministerio de Energía al comienzo de la invasión rusa y, posteriormente, fue designado ministro de Justicia en julio de 2025. Presentó su renuncia en noviembre de ese año, en medio del avance de la investigación y luego de que el propio presidente le solicitara dejar el cargo.
La Operación Midas se desarrolla en un contexto de fuerte sensibilidad institucional. Ucrania enfrenta simultáneamente el desafío militar y las exigencias de transparencia impulsadas por sus aliados occidentales, que condicionan parte de la ayuda financiera y militar a la implementación de mecanismos anticorrupción más estrictos.
El caso vuelve a colocar bajo la lupa la administración del sector energético, estratégico para la seguridad nacional y el funcionamiento de la infraestructura crítica en tiempos de guerra. Analistas locales advierten que el impacto político de la causa podría extenderse más allá de los involucrados directos, en un momento en el que el gobierno busca sostener la confianza internacional y la estabilidad interna.
