A través del Decreto 137/2026, el presidente Javier Milei puso en marcha la Ley Nº 27.802. La norma introduce cambios estructurales en el cálculo de indemnizaciones, permite jornadas de hasta 12 horas y limita el derecho a huelga en sectores clave. Buscan reducir la litigiosidad y fomentar el empleo registrado.
El escenario laboral en Argentina ha dado un giro definitivo este viernes con la promulgación y publicación en el Boletín Oficial de la Ley Nº 27.802 de Modernización Laboral. La normativa, que cuenta con 25 capítulos, representa el núcleo de la agenda legislativa del oficialismo y busca, según los fundamentos del Decreto 137/2026, dotar de previsibilidad al sector empresario y disminuir el costo de las desvinculaciones para incentivar la creación de nuevos puestos de trabajo.
Con las firmas del presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete Manuel Adorni y la ministra Sandra Pettovello, la ley ya rige en todo el territorio nacional. Entre sus aspectos más destacados, redefine la base de cálculo para las indemnizaciones por despido, excluyendo rubros que tradicionalmente engrosaban el monto final, como el aguinaldo, premios, bonos y propinas. Asimismo, establece topes máximos basados en tres salarios promedio de la actividad.
Flexibilidad horaria y restricciones sindicales
Uno de los puntos que promete mayor debate es la modificación de la jornada de trabajo. La ley habilita la creación de «bancos de horas» y esquemas de hasta 12 horas diarias, bajo la condición de que exista un acuerdo previo y se respete el descanso de 12 horas entre turnos. Además, en materia de vacaciones, se permite el fraccionamiento del descanso estival en períodos mínimos de siete días.
En el plano sindical, la reforma impone límites estrictos a las medidas de fuerza. En los servicios definidos como «esenciales» (salud, agua, aeronáutica), las organizaciones gremiales deberán garantizar una prestación mínima del 75%. Para los servicios «trascendentales», como el transporte, la producción de alimentos y la construcción, el mínimo será del 50%. A esto se suma la obligatoriedad para los delegados de solicitar autorización previa antes de realizar asambleas que puedan afectar la producción.
Blanqueo, alivio fiscal e incentivos a la inversión
Para combatir la informalidad laboral, el Gobierno lanzó el «Programa de Promoción del Empleo Registrado», que funciona como una amnistía para empleadores, permitiendo condonar hasta el 70% de las deudas por aportes no realizados. También se establecen beneficios impositivos y reducciones en contribuciones patronales para quienes incorporen personal que no estuviera registrado antes de diciembre de 2025.
Por último, la ley apunta a blindar a las pequeñas y medianas empresas frente a los juicios laborales. Las Pymes podrán pagar sentencias judiciales en cuotas de hasta un año, mientras que las grandes empresas tendrán un plazo de seis meses. Además, se fijó un tope del 25% para los honorarios de los abogados sobre el monto reclamado, buscando frenar lo que el Ejecutivo denomina la «industria del juicio».
