Un cuadro de deterioro físico y emocional profundo
La situación clínica y psicológica de Milagro Amalia Ángela Sala, fundadora y máxima referente de la Organización Barrial Túpac Amaru en la provincia de Jujuy, ha encendido las alarmas en su entorno íntimo y médico. Tras más de una década privada de su libertad, la dirigente atraviesa un período de extrema fragilidad, marcado por complicaciones vasculares y un profundo abatimiento anímico.
El cuadro de Sala, quien permanece detenida bajo la modalidad de arresto domiciliario desde el año 2016, registró un declive sostenido durante el último año. Este período estuvo atravesado por dos factores determinantes que impactaron de lleno en su estabilidad: por un lado, la ratificación en las máximas instancias judiciales de sus condenas penales; y por el otro, los duros golpes en el plano personal, con los recientes fallecimientos de su hijo y de su esposo, Raúl Noro.
En declaraciones radiales, el médico sanitarista Jorge Rachid, quien sigue de cerca la evolución de la paciente, brindó detalles alarmantes sobre su estado actual. “No quiere comer. Se quiere morir. Le pedí permiso para contarlo porque lo hablamos. El acoso del Poder Judicial jujeño y la Corte Suprema cómplice lo hicieron. Es criminal”, expresó el profesional, evidenciando una postura fuertemente crítica hacia el accionar de la Justicia.
Rachid reveló además el grado de aislamiento voluntario que mantiene la dirigente social: “Ya apagó el teléfono, después de diez años. No quiere hablar con nadie. Por suerte, a mí me sigue atendiendo. No se quiere levantar. Ahora, por suerte, aceptó un equipo que le mandamos que la está atendiendo”.
El diagnóstico médico y la evaluación psicológica
Desde el punto de vista estrictamente físico, el diagnóstico no es alentador. Según precisó su médico, Sala “vive disparando una sintomatología que asusta”. El cuadro principal corresponde a una trombosis venosa profunda en el miembro inferior izquierdo, patología que se encuentra combinada con el síndrome de May-Thurner, una afección vascular que comprime las venas y complica severamente su estado de salud general.
Este deterioro físico está estrechamente ligado a su estado de salud mental, el cual fue evaluado por la psicóloga Gabriela Dueñas, integrante del equipo que la asiste. La profesional fue categórica al descartar un cuadro psiquiátrico tradicional: “Como profesional de la salud mental, quiero que quede claro que eso no es depresión, es una profunda tristeza por las condiciones de injusticia en las que le toca transitar estos últimos años. Son años en los que también perdió a su hijo y a su pareja”.
Para Dueñas, el abatimiento de Sala responde al contraste entre su trabajo territorial y su presente judicial: “No soporta más, no tolera más tanta injusticia, es demasiado tiempo”. En la misma línea, su hija Claudia describió el impacto de esta década de arresto como “una pesadilla de la que no puede despertar”. Además, señaló el peso emocional que recae sobre su madre: “Cree que ha sacrificado a su familia y lo lamenta mucho. Es como una mochila que lleva puesta por la pérdida de su hijo y su marido”.
El extenso derrotero judicial y las condenas firmes
El presente clínico de Milagro Sala se enmarca en una compleja situación procesal que ha llegado a su punto cúlmine. Durante años, la dirigente encabezó un movimiento político y social de enorme magnitud en Jujuy, movilizando a sectores desocupados y gestionando multimillonarios fondos gubernamentales destinados a la construcción de viviendas sociales, escuelas y centros de salud. Sin embargo, esa gestión derivó en múltiples denuncias y procesos judiciales por malversación de fondos públicos y corrupción.
El recorrido judicial en su contra acumula resoluciones en diversas instancias. El primer revés significativo ocurrió en junio de 2017, cuando la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó una condena a tres años de prisión en suspenso por daño agravado y revocó un sobreseimiento por amenazas.
Posteriormente, en 2019, el Tribunal en lo Criminal N° 3 de Jujuy dictó una condena de 13 años de prisión al hallarla culpable de fraude a la administración pública, extorsión y asociación ilícita, en el marco de una causa que comprobó el desvío de 60 millones de pesos que debían destinarse a soluciones habitacionales. En 2022, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme esta condena, ratificando su rol como «jefa de una asociación ilícita».
El escenario procesal se endureció aún más en 2023, cuando el mismo tribunal jujeño unificó penas de causas diferentes y le impuso 15 años de prisión e inhabilitación absoluta. Finalmente, en mayo de 2025, el máximo tribunal del país desestimó los últimos recursos de la defensa y dejó firme la unificación de la condena a 15 años por los delitos de desvío de fondos públicos, amenazas, fraude y extorsión, sellando así su destino judicial mientras su salud continúa en declive.
