El juez Ariel Lijo ordenó el análisis tecnológico del dispositivo de Matías Tabar. Buscan recuperar mensajes eliminados y llamadas que confirmarían presiones del Jefe de Gabinete antes de la declaración judicial.
La causa por presunto enriquecimiento ilícito que tiene como principal imputado a Manuel Adorni ha ingresado en una fase técnica determinante. Este martes, la Justicia Federal ordenó el peritaje oficial del teléfono celular de Matías Tabar, el arquitecto y contratista que ejecutó las millonarias reformas en la propiedad del funcionario dentro del exclusivo country Indio Cuá.
La medida, impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita y refrendada por el juez Ariel Lijo, tiene como objetivo central la recuperación de datos mediante la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco). El foco de la investigación está puesto en una serie de comunicaciones vía WhatsApp, muchas de ellas configuradas para su borrado automático, que Adorni habría mantenido con Tabar en los días previos a que este último compareciera en Comodoro Py. Según el testimonio del arquitecto, el Jefe de Gabinete le habría ofrecido «orientación» y el apoyo de su propio equipo legal, un movimiento que la justicia interpreta como un posible intento de entorpecimiento.
Lujos en efectivo: Una cascada de irregularidades
El testimonio de Tabar no solo expuso el presunto contacto indebido del funcionario, sino que también desnudó la magnitud económica de las obras, cuya trazabilidad financiera es nula. El arquitecto entregó una carpeta técnica que documenta una transformación radical de la vivienda, valuada en US$245.000.
Entre los detalles más destacados de la obra se encuentran:
Instalaciones premium: Se construyó una cascada decorativa, se instaló un jacuzzi de última generación y se remodeló integralmente el área de parrilla y quincho.
Informalidad total: Tabar fue categórico al declarar que la totalidad del pago se realizó en efectivo y sin la emisión de facturas, lo que complica la justificación del origen de los fondos de Adorni.
Cronograma de pagos: El contratista detalló haber recibido US$55.000 durante 2024 y los restantes US$190.000 a lo largo de 2025.
Para respaldar sus dichos, el arquitecto aportó registros fotográficos del «antes y después», comprobantes de compra de materiales y el listado completo del personal de obra que participó en las tareas.
Revés para el pedido de detención
A pesar de la contundencia de las pruebas testimoniales que sugieren una manipulación de testigos, el fiscal Pollicita decidió rechazar el pedido de detención inmediata de Manuel Adorni, solicitado por la diputada Marcela Pagano. La legisladora había invocado el riesgo de entorpecimiento bajo los lineamientos de la doctrina «Irurzun», argumentando que el poder político del Jefe de Gabinete representa una amenaza para la recolección de pruebas.
Sin embargo, la fiscalía optó por la cautela procesal. Se consideró que, por el momento, el peritaje técnico sobre el dispositivo de Tabar es la medida prioritaria para confirmar la existencia de delitos antes de avanzar con restricciones a la libertad del funcionario libertario
