Semanas después de reducir a la mitad la ayuda prometida para la reconstrucción post-temporal, la administración de Javier Milei exige a la Municipalidad de Bahía Blanca el pago de más de $43 millones de pesos trimestrales por el uso de dos puentes modulares Bailey, instalados por el Ejército tras el colapso de infraestructura. La decisión desata la indignación en la ciudad y profundiza la tensión política por la asistencia federal.
La Cifra de la Polémica: Más de $43 Millones de Alquiler por una Emergencia
El municipio de Bahía Blanca, que aún lidia con las consecuencias del devastador temporal de marzo que dejó 13 muertos y un caos de infraestructura, se encuentra ahora frente a una controversial factura enviada por el Gobierno Nacional. La prestación de dos puentes de emergencia modulares, conocidos como puentes Bailey, instalados por el Ejército Argentino para restablecer la conectividad vial de la ciudad, no fue una cesión de ayuda humanitaria, sino un alquiler con un costo millonario.
Según se reveló en las últimas horas a partir de la publicación de los decretos municipales 2188 y 2189 en el Boletín Oficial, la comuna debe abonar una cifra superior a los 43 millones de pesos cada tres meses por el uso de estas estructuras. El monto se desglosa en 17.670.949 pesos por el alquiler de cada puente, más una suma adicional de casi $8.5 millones en concepto de seguro. El acuerdo, que establece un plazo trimestral con opción a prórroga, garantiza que el Ejército siga prestando la infraestructura, vital tras el derrumbe de varios cruces sobre el arroyo Maldonado.
La decisión de Nación de cobrar un alquiler por puentes de emergencia ha generado un fuerte malestar en el ámbito local, donde se cuestiona la falta de solidaridad y la contradicción entre el discurso de apoyo y las acciones concretas del gobierno central, que optó por un convenio de locación en lugar de una cesión temporal sin cargo ante una catástrofe.
La Contradicción Política: Fondos Recortados y Promesas Olvidadas
Esta exigencia económica se enmarca en un contexto de asistencia federal deficiente. Semanas antes de que se conociera la factura por el alquiler de los puentes, el gobierno de Javier Milei había generado un fuerte rechazo en la ciudad al recortar a la mitad los fondos de asistencia para la reconstrucción. Se trata del veto a una ley de emergencia que contemplaba la creación de un fondo de $200 mil millones para los damnificados y las obras estructurales, suma que fue reducida en más de $100 mil millones, de acuerdo con fuentes locales.
La decisión resulta aún más llamativa al contrastarse con las declaraciones públicas realizadas por funcionarios nacionales al momento de la crisis. El ministro de Defensa, Luis Petri, había destacado en sus redes sociales la instalación en «tiempo récord» de estos puentes modulares, asegurando enfáticamente: «Nunca vamos a dejar a los bahienses solos». En aquella oportunidad, el funcionario omitió por completo mencionar que el «auxilio» se concretaría mediante un contrato de locación a cargo de las arcas municipales.
Esta actitud de asistencia con cargo, sumada al veto de fondos de reconstrucción, ha sido interpretada por referentes locales, incluyendo concejales de distintos bloques y al intendente Federico Susbielles, como una clara señal de desinterés o castigo político por parte del gobierno nacional hacia una ciudad que padece una crisis estructural.
El Escenario de la Obra Pública: Obras Vitales Ausentes en el Presupuesto 2026
El reclamo por el alquiler de los puentes se superpone a otro frente de tensión: la omisión de obras clave para Bahía Blanca en el proyecto de Presupuesto Nacional 2026. Concejos deliberantes de Bahía Blanca y de la Sexta Sección Electoral elevaron protestas formales ante la falta de inclusión o la inconsistencia en la proyección de fondos para proyectos vitales.
Entre las obras más urgentes, se destacan:
- Reconstrucción del Puente de la Ruta Nacional 35 (sobre el Arroyo Chasicó).
- Reconstrucción del Puente de la Ruta Nacional 3 (sobre el Arroyo Maldonado).
Ambos puentes fueron arrasados por la crecida y su reconstrucción es esencial para el tránsito, que actualmente debe realizar desvíos en esos tramos. La preocupación aumenta porque las pocas obras viales relacionadas con Bahía que figuran en el presupuesto lo hacen con montos idénticos y ejecuciones «por goteo», proyectando apenas un 10% de avance para 2026.
Además, el concejal radical Pablo Daguerre impulsó un proyecto para que el Ejecutivo Nacional incorpore la reactivación de los trabajos en la Autopista Paso Urbano, considerada una arteria vital para el desarrollo productivo, portuario e industrial del sudoeste bonaerense. La autopista, que tuvo un alto presupuesto en años anteriores, se encuentra virtualmente paralizada, sumando otro punto de fricción entre la Nación y la ciudad.
La gestión del intendente Susbielles, de extracción peronista, se encuentra bajo la presión de la oposición local mientras trata de equilibrar la necesidad de la infraestructura de emergencia con la defensa de los intereses de la ciudad ante un gobierno central que, a pesar de las promesas de no abandonar a los bahienses, pasa a cobro el costo de la ayuda.
