Tensión y denuncias en la conformación de la Bicameral
Un fuerte escándalo político e institucional sacudió los pasillos del Palacio Legislativo tras la designación de las nuevas autoridades de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Durante la conformación formal de la Comisión Administradora Bicameral, presidida por el diputado sanjuanino de La Libertad Avanza (LLA) José Peluc, se aprobó el nombramiento de Nahuel Piccoli como nuevo director del organismo. La decisión se tomó en un clima de extrema tensión, luego de que trabajadores parlamentarios y legisladores de la oposición denunciaran presiones y maniobras irregulares para forzar el recambio de la conducción técnica.
El proceso comenzó con cuestionamientos desde el inicio de la sesión. La diputada de Unión por la Patria, Sabrina Selva, advirtió sobre irregularidades en la convocatoria, señalando que la inclusión del retiro voluntario del hasta entonces director, Alejandro Santa, y la votación de su sucesor, fueron añadidas al temario de forma intempestiva. Santa, quien ingresó a la Biblioteca en 1985 y ejercía como director de Coordinación General desde 2011, firmó su retiro voluntario este mismo jueves. Sin embargo, los trabajadores parlamentarios y fuentes gremiales denunciaron que los legisladores oficialistas Enzo Fullone y José Peluc «apretaron» al histórico funcionario con amenazas de denuncias para obligarlo a dar un paso al costado.
Alejandro Santa
El polémico perfil del nuevo director
Inmediatamente tras la salida de Santa, el senador oficialista por Río Negro, Enzo Fullone, propuso para el cargo a Nahuel Piccoli. El nombramiento encendió las alarmas debido al controversial historial del candidato. Piccoli se desempeñaba hasta hace poco tiempo en la planta de asesores del propio Fullone en la Cámara alta, con quien además compartió una sociedad comercial en la empresa constructora RIU. Su llegada a las filas libertarias se dio bajo el ala de la diputada nacional Lorena Villaverde, recientemente envuelta en investigaciones judiciales en el país y en el exterior.
Durante su trayectoria política en la provincia de Río Negro, Piccoli acumuló múltiples cuestionamientos: fue señalado como uno de los responsables en la causa por la presentación de avales falsos de LLA en la provincia y fue acusado de orquestar el despido de Carlos Montenegro, un funcionario con cuarenta años de trayectoria en el PAMI rionegrino. A estos antecedentes políticos se suman graves conflictos en el ámbito civil. Según se detalló durante la comisión legislativa, el flamante director posee una denuncia por daños y perjuicios y otra por violencia intrafamiliar originada en 2022, la cual derivó en 2023 en una sentencia judicial con restricción de acercamiento hacia la persona violentada, medida que recayó tanto sobre él como sobre su padre.
Piccoli (a la derecha) con Villaverde, Lule Menem y Fullone
Resistencia gremial y una votación ajustada
La postulación generó un rechazo contundente por parte de la Asociación del Personal Legislativo (APL). Su secretario general, Norberto Di Próspero, intervino en la reunión para remarcar que la conducción de la Biblioteca es un cargo de gestión técnica y no de orden político, advirtiendo sobre el riesgo de poner en peligro el funcionamiento de la institución y las fuentes de trabajo al designar a una persona sin los conocimientos necesarios.
El bloque oficialista debió enfrentar serias dificultades para aprobar la designación. La votación fracasó en dos oportunidades por falta de consenso, lo que motivó que se le concediera la palabra a Piccoli para realizar un descargo. El exasesor minimizó los hechos en su contra calificándolos como un «evento familiar» y argumentando que la sentencia consistió apenas en una «medida preventiva». Finalmente, en un tercer intento de votación, el oficialismo logró destrabar la designación gracias al acompañamiento de la senadora radical por Mendoza, Mariana Juri, cuyo voto fue clave para efectivizar el nombramiento.
La resolución desató el enojo de los trabajadores del sector, quienes se autoconvocaron en las puertas del edificio al grito de «qué vergüenza, que un golpeador dirija la biblioteca», llegando a increpar a los legisladores oficialistas a la salida del recinto. Frente a estos hechos, la conducción de la APL anticipó que acudirá a los tribunales para judicializar la medida e intentar frenar el nombramiento.
