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Informe revela el impacto económico y social en la Argentina del período 2023-2026

Un análisis detallado sobre la evolución macroeconómica, el empleo, los salarios y el consumo entre noviembre de 2023 y mediados de 2026 expone un escenario de marcada asimetría sectorial, fuerte caída del poder adquisitivo y deterioro de la calidad laboral.

La actividad económica muestra un aumento de 5,5% al comparar el período entre junio de 2023 y junio de 2026, aunque este valor resulta apenas un 0,4% superior al de febrero de 2025, lo que evidencia el freno sufrido por la economía en los últimos meses. Este nivel de actividad actual es semejante al del segundo trimestre de 2022 y apenas un 1% más alto que el del último trimestre de 2017. El panorama de los sectores productivos exhibe una trayectoria marcadamente desigual: un grupo con crecimiento extraordinario, como el sector agropecuario (que creció un 93,8% debido a la baja base de comparación por la sequía de 2023), minas y canteras, intermediación financiera, y restaurantes y hoteles; frente a otro conjunto con importantes pérdidas, entre las que sobresalen la construcción, la industria y el comercio. Dado que estos sectores perjudicados son relativamente intensivos en empleo, este sesgo genera consecuencias negativas directas sobre el mercado laboral.

Entre los primeros trimestres de 2023 y 2026, el número de personas ocupadas aumentó en 456.800, una cifra limitada frente a la expansión de la Población Económicamente Activa, que creció en 735.800, traduciéndose la diferencia en un incremento de la desocupación. La tasa de desocupación se ubicó en el 7,8% en el primer trimestre de 2026, superando el 6,9% del primer trimestre de 2023 y representando a más de 1,8 millones de desocupados, el registro más alto desde la pandemia. La suba de la tasa de subempleo alcanzó el 7,5%. La escasa capacidad de la economía para generar empleo de calidad se refleja en el aumento de la informalidad, cuya tasa alcanzó el 44,2% en el primer trimestre de 2026 —casi 4 puntos porcentuales por encima del mismo período de 2024—. En dos años se sumaron casi 970.000 trabajadores a la informalidad, rozando los 9,5 millones de ocupados. Este incremento se explica por la expulsión de asalariados formales y el crecimiento de los cuentapropistas independientes, que pasaron del 13,9% al 16,7%. En contraste, los puestos de trabajo asalariados registrados disminuyeron en 337.365 entre noviembre de 2023 y mayo de 2026; los del sector privado acumulan 12 meses de retroceso ininterrumpido con una caída de más de 240.000 puestos, mientras que los públicos se redujeron en casi 80.000. Prácticamente todas las ramas de actividad muestran caídas en el empleo asalariado privado, destacándose la industria manufacturera con una pérdida de 85.600 puestos (-7,2%) y la construcción con un retroceso de 62.700 puestos (-14,2%).

Al analizar el empleo por segmentos demográficos, el crecimiento interanual de la tasa de empleo en el primer trimestre de 2026 se debió exclusivamente a un aumento en el empleo femenino, mientras que el empleo de los varones cayó del 65,3% al 64,5%, afectando a jóvenes de hasta 29 años y con mayor intensidad a los varones mayores de 30 años, cuya desocupación trepó al 5,2%. En paralelo, el pluriempleo continúa una tendencia al alza iniciada hace una década, superando desde 2024 el 10% y ubicándose en el 10,4% en el primer trimestre de 2026, lo que representa a unos 2,2 millones de ocupados que necesitan más de una ocupación en un contexto de caída de ingresos reales.

En cuanto a los ingresos, los salarios registrados se sitúan en junio de 2026 un 8,2% por debajo del nivel de noviembre de 2023. La situación es dispar: el salario privado promedio fue un 3,6% menor, mientras que el público registró una brecha negativa del 16,5%. Al considerar un IPC alternativo reponderado con la estructura de consumo de la ENGHO 2017/18, la pérdida real acumulada entre noviembre de 2023 y junio de 2026 trepa al 12,9% (8,5% para el privado y 20,8% para el público). En el ámbito estatal, el salario del nivel nacional sufrió un desplome del 37,0%, en contraste con el salario provincial, que muestra una retracción del 9,7%. Los resultados de la negociación colectiva reflejan un retroceso de los salarios reales de convenio del 6,5% respecto a noviembre de 2023, encorsetados por techos salariales oficiales y herramientas sindicales debilitadas. Por su parte, el salario mínimo, vital y móvil acumuló una caída superior al 40%, alcanzando el menor valor real de los últimos 33 años y ubicándose 20% por debajo de los niveles de la década de 1990, como consecuencia de ajustes nominales sistemáticos dispuestos por la Secretaría de Trabajo alineados con propuestas empresariales.

El ajuste fiscal repercutió fuertemente en las jubilaciones: el poder adquisitivo de la jubilación mínima —incluyendo el bono previsional— disminuyó un 19,1% entre noviembre de 2023 y julio de 2026. El bono previsional se mantuvo congelado en $70.000, cuando de haberse actualizado por inflación debería ascender a $157.800. Las políticas de ingresos muestran trayectorias divergentes: la Asignación Universal por Hijo (AUH) duplica en julio de 2026 su poder de compra respecto a noviembre de 2023 debido a incrementos otorgados a inicios de 2024, mientras que la Tarjeta Alimentar acumuló un retroceso del 24,4% tras permanecer con su monto congelado durante 22 meses hasta su suba en mayo de 2026. Los ex programas Potenciar Trabajo (divididos en Acompañamiento Social y Volver al Trabajo) mantuvieron un monto de $78.000 congelado desde diciembre de 2023; el segundo de ellos dejó de percibir transferencias desde agosto de 2026, afectando a unos 930.000 beneficiarios.

El deterioro de los ingresos se reflejó en una caída del consumo popular, evidenciándose una retracción del 10,5% en el consumo de carne bovina durante el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo período de 2025, además de bajas en carne aviar, leche y una contracción del consumo total cárnico del 3,6%. Las ventas en supermercados y centros de compras también registraron variaciones negativas. Este escenario impulsó un mayor endeudamiento de los hogares y un acelerado incremento de la morosidad: la tasa de irregularidad del crédito a las familias en los bancos se quintuplicó, trepando al 12,8% en junio de 2026, su nivel más alto en dos décadas, con récords similares en el crédito no bancario. La carga mensual de capital e intereses de las deudas familiares pasó de menos del 9% de la masa salarial formal a comienzos de 2024 al 24,1% en abril de 2026, impulsada por tasas de interés bancarias superiores al 70% anual y de proveedores no financieros que superan el 400% anual.

En el plano inflacionario, tras alcanzar un techo de 3,4% en marzo de 2026, la inflación se ubicó en el 2,1% en julio, consolidando al 2% como el piso de los incrementos mensuales. La inflación interanual llegó al 33,8%, siendo el rubro de Vivienda, agua, electricidad y gas el de mayor aumento (+48,9%) debido a la actualización de precios regulados. Aplicando el IPC reponderado, la inflación acumulada entre noviembre de 2023 y julio de 2026 alcanza el 352,2%, superando en 23,4 puntos porcentuales a la medición oficial.

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