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La Coalición Cívica cuestionó el destino del Impuesto a los Combustibles

La diputada bonaerense Romina Braga solicitó informes al Ejecutivo nacional tras advertir que, de $1,5 billones recaudados por el Sistema Vial Integrado, solo $394.000 millones se destina a obras, mientras que $1 billón fue colocado en instrumentos financieros. Desde la fuerza política reclamaron transparencia sobre los criterios de administración de los recursos viales.

olocaciones financieras

La diputada de la provincia de Buenos Aires por el bloque Coalición Cívica, Romina Braga, expresó su preocupación por la administración de los fondos generados por el Impuesto a los Combustibles. Las críticas surgieron luego de que el vocero presidencial, Adrián Ravier, reconociera que el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, retiene parte de la recaudación tributaria con destino legal exclusivo para la red vial nacional con el objetivo de sostener el equilibrio fiscal.

Según detalló la legisladora en una iniciativa presentada en la Legislatura bonaerense, los recursos orientados al Sistema Vial Integrado (SisVial) alcanzaron aproximadamente $1,5 billones durante la presente gestión. Sin embargo, denunció que solo $394.000 millones fueron ejecutados en obras concretas de conservación y rehabilitación, mientras que al 31 de mayo de 2026 cerca de $1 billón permanecía volcado a inversiones financieras o depositado en cuentas bancarias.

La diputada bonaerense, Romina Braga, cuestionó el desvío de fondos para las rutas nacionales por parte del Gobierno nacional de Javier Milei.

Impacto en la infraestructura vial bonaerense

En los considerandos de la presentación, Braga enfatizó que la acumulación de activos financieros contrasta de forma directa con las necesidades insatisfechas de mantenimiento en los corredores viales. La situación adquiere un impacto crítico en el territorio de la provincia de Buenos Aires, cuya extensa red de rutas nacionales resulta estratégica para conectar centros urbanos, zonas productivas, sectores industriales, áreas rurales y nodos logísticos o portuarios.

La parlamentaria subrayó que el deterioro de la calzada incrementa los costos logísticos del transporte, disminuye la competitividad de las economías regionales y eleva los índices de siniestralidad vial para los usuarios. Si bien reconoció que la administración temporal de liquidez mediante herramientas financieras puede constituir una práctica válida, sostuvo que la retención prolongada de recursos afectados exige mecanismos de transparencia que precisen plazos, objetivos y responsabilidades del Estado nacional.

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