El oficialismo, con el reelecto presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara, a la cabeza, presiona a la oposición para alcanzar los dos tercios de los votos necesarios. La falta de consenso amenaza con postergar la Ley de Financiamiento, clave para el pago de compromisos de deuda y la asistencia a los municipios, antes de que asuma la nueva composición legislativa.
La Legislatura bonaerense se convirtió en el epicentro de una intensa y compleja negociación política que tiene como punto central la aprobación de la Ley de Financiamiento solicitada por el gobierno de Axel Kicillof. El proyecto, que autoriza la toma de deuda por $3.600 millones de dólares, resulta crucial para la gestión, pero su destino pende del consenso que el oficialismo logre cosechar con los bloques opositores, principalmente la Unión Cívica Radical (UCR) y el PRO.
El clima de urgencia se hizo palpable con la convocatoria a una doble sesión, un mecanismo diseñado para destrabar los últimos puntos del paquete económico provincial, que incluye el Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal Impositiva (ya sancionadas), y la pendiente Ley de Endeudamiento.
La voz del oficialismo y la necesidad de consensos
En este escenario de alta tensión política, el diputado Alejandro Dichiara, reelecto como presidente de la Cámara Baja bonaerense, subrayó la importancia de la aprobación. Dichiara, quien ratificó su cargo en el marco de un acuerdo sostenido con el Frente Renovador, se mostró orgulloso por su designación, pero enfocó sus declaraciones en la vitalidad del proyecto de financiamiento.
«Aprobamos la Fiscal Impositiva y el Presupuesto 2026, pero nos quedó la Ley de Financiamiento de $3.600 millones de dólares que el Gobernador necesita para hacer frente a la deuda anterior, también a la deuda que heredó de la época de [María Eugenia] Vidal que se fue arrastrando y para tener dinero para afrontar las cosas que la Provincia de Buenos Aires necesita en todas sus áreas», explicó Dichiara.
El proyecto requiere una mayoría especial de los dos tercios, una barrera que el bloque oficialista Fuerza Patria, aunque se declara unido, no puede franquear sin el apoyo de sectores de la oposición dialoguista. La dificultad radica en que el espacio libertario ya anunció su rechazo total.
El doble objetivo del endeudamiento
El pedido de endeudamiento está técnicamente dividido en dos tramos. Según la explicación de Dichiara, el primer fondo, de 1.940 millones de dólares, está destinado a hacer frente a los compromisos financieros «atrasados y de arrastre». La segunda parte, que supera los 1.400 millones de dólares, tiene como destino el financiamiento de programas públicos de gestión y, crucialmente, la distribución de fondos discrecionales y no discrecionales para los intendentes de la provincia.
Es precisamente esta segunda porción la que genera mayor fricción en la mesa de negociación. La primera parte, destinada al pago de vencimientos, tiene más posibilidades de avanzar. En cambio, para la asistencia a municipios y la gestión, el oficialismo se encuentra en la búsqueda activa de la venia de la UCR y el PRO.
Negociación de alto voltaje: fondos e influencia política
El nudo de la disputa excede lo meramente económico. Como es habitual en la política bonaerense, el apoyo legislativo a leyes clave como el endeudamiento se negocia con cesión de espacios de poder y cargos estratégicos. Dichiara admitió que se trata de una «negociación política» donde «cada uno busca agua para su molino» y trata de obtener el mejor rédito posible.
La presión opositora se centra en conseguir lugares no solo en el Poder Ejecutivo, sino también en organismos de la Justicia y, especialmente, en el codiciado directorio del Banco Provincia (BAPRO). Esta estrategia ha sido una constante en los debates presupuestarios recientes, donde la ampliación de la composición del directorio del BAPRO se utiliza como una «moneda de cambio» para garantizar los votos necesarios.
Además, los intendentes de la UCR y el PRO ejercen una presión propia sobre sus legisladores. “Hay dos espacios como el PRO y la Unión Cívica Radical que tienen muchos intendentes de su espacio que necesitan la aprobación de los fondos, con lo cual están recibiendo presiones también,” recalcó el titular de la Cámara Baja. Los fondos municipales son esenciales para la obra pública y la gestión territorial, lo que obliga a los bloques opositores a balancear las demandas políticas con las necesidades de sus distritos.
La cuenta regresiva
La variable tiempo es, quizás, el factor más determinante. La Ley de Financiamiento requiere ser aprobada con urgencia debido al inminente recambio de la composición de la Legislatura, que se concretará el 10 de diciembre. Tras esa fecha, con la nueva configuración que incluye una mayor representación del espacio de La Libertad Avanza (LLA), la aprobación de una ley con mayoría calificada «sería casi imposible», según las propias palabras de Dichiara.
En este contexto, la búsqueda de un acuerdo se realiza a contrarreloj, con el objetivo de evitar que el gobierno provincial deba afrontar 2026 con serias limitaciones para reestructurar su deuda y destinar recursos a áreas sensibles, dejando a los intendentes con menos margen de maniobra financiera. La jornada de doble sesión será clave para determinar si la necesidad de la Provincia logra superar las diferencias y las demandas políticas de los bloques opositores.
