Tras la intervención de la confederación Cooperar ante el Congreso, se evitó la derogación de la Ley 11380. De haberse eliminado, el sector hubiera enfrentado un incremento masivo en su carga impositiva al incluirse inmuebles en el cálculo de sus tributos.
El movimiento cooperativo argentino, encabezado por la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar), logró un avance decisivo en la defensa de sus intereses tributarios al conseguir que la Ley 11380 sea excluida del proyecto de Ley Hojarasca. Esta iniciativa gubernamental, que busca derogar normativas consideradas obsoletas o burocráticas, amenazaba con alterar profundamente la base imponible del sector.
El núcleo del conflicto radicaba en la exención que otorga la Ley 11380. Esta norma permite que las cooperativas no incluyan el valor de sus edificios y construcciones al momento de calcular el capital sobre el cual deben pagar la contribución especial establecida por la Ley 23427. Según advirtieron desde el sector, la derogación de esta protección legal hubiera multiplicado de manera exponencial el aporte tributario de las entidades, poniendo en riesgo la sostenibilidad de muchas cooperativas de servicios y consumo.
El debate en las comisiones
La resolución se gestó durante una intensa jornada de incidencia en la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG. Allí, referentes del movimiento expusieron los fundamentos técnicos y sociales para mantener la vigencia de la norma. El argumento central fue que las cooperativas, por su naturaleza de capital social y reinversión, requieren un tratamiento impositivo que no castigue la infraestructura destinada a la prestación de servicios.
Posteriormente, en una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación Laboral, el reclamo encontró eco tanto en los legisladores de diversos bloques como en los funcionarios del Poder Ejecutivo. Tras analizar el impacto económico, se manifestó el acuerdo unánime para no incluir a la Ley 11380 en el listado de derogaciones.
Alivio para las asociadas
La Asociación Intercooperativa Regional (AIR) y otras entidades adherentes recibieron con optimismo la noticia, destacando la importancia de la unidad del movimiento para frenar medidas que, bajo la premisa de la simplificación normativa, terminan afectando la economía social.
Se estima que los dictámenes finales de las comisiones se publiquen de manera oficial esta semana, consolidando el compromiso de proteger el capital cooperativo. Para el sector, esto representa no solo un alivio financiero, sino un reconocimiento a la especificidad jurídica y económica de las cooperativas en el entramado productivo nacional.
