Escrito por Fran Bahia
Entre negociaciones parlamentarias, cambios engañosos y una Villarruel en funciones
presidenciales el día de la votación, el próximo 6 de agosto el Senado debatirá una reforma
que modificaría la Ley 26.737 de Tierras Rurales, desmantelando buena parte de los límites
que hoy regulan la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Sus defensores sostienen un argumento que, a esta altura, ya queda corto y roza la
caradurez frente a semejante nivel de entrega: que la medida permitirá atraer inversiones,
dinamizar la economía y generar nuevas oportunidades de desarrollo.
La promesa no es nueva. Se ha repetido innumerables veces a lo largo de la historia argentina, siempre en
beneficio de intereses económicos internacionales que encuentran cada vez menos límites
para influir sobre las decisiones nacionales.
La persistencia de este debate demuestra que existe una pregunta mucho más profunda. Si
la respuesta fuera únicamente económica, ¿por qué los argentinos seguimos discutiendo la
soberanía sobre nuestras tierras?
La respuesta se encuentra en una contradicción que atraviesa a nuestro país desde hace
generaciones. Nos emocionamos cuando la Selección Argentina juega. Nos movilizamos
cuando la bandera argentina aparece en una tribuna del mundo. Reivindicamos Malvinas como una causa nacional permanente. Celebramos nuestros símbolos, nuestra historia y nuestra identidad colectiva.
Pero cuando la discusión se traslada al control de la tierra, del agua, de los recursos
naturales o de los espacios estratégicos del país, se nos pide que dejemos de pensar en
términos nacionales y comencemos a pensar exclusivamente en términos de mercado, de
economía, de desarrollo, como si fuera un negocio inmobiliario.
Allí aparece una inconsistencia difícil de ignorar. Una sociedad que reivindica
permanentemente sus símbolos nacionales parece encontrar más dificultades para
defender, en los hechos, aquello que esos símbolos expresan.
La soberanía no es solamente una bandera. Tampoco es una efeméride. La soberanía es la
capacidad de una nación para decidir sobre sus recursos estratégicos, sus vías de
comercio, sus fuentes de agua y aquellos territorios que condicionan su desarrollo futuro.
Por eso la Ley de Tierras sancionada en 2011 estableció límites concretos a la
concentración extranjera de tierras rurales. No prohibía inversiones ni impedía la llegada de
capitales. Lo que hacía era reconocer que existen recursos cuyo valor excede ampliamente
su precio de mercado.
La reforma que el Senado debatirá este jueves 6 de agosto avanza en sentido contrario. Allí
donde existían límites, propone la desregulación. Allí donde existía una mirada estratégica
sobre el territorio, propone una lógica centrada exclusivamente en la libre disponibilidad de
la tierra.
Y es justamente el territorio lo que vuelve relevante esta discusión, sobre todo con dos
focos claves.
Por un lado, la Patagonia, que concentra algunas de las mayores reservas de
agua dulce del planeta, recursos energéticos, minerales críticos y una posición geopolítica
privilegiada sobre el Atlántico Sur. Por otro lado, el corredor Paraná-Paraguay, que
constituye la principal vía de salida de las exportaciones argentinas y una infraestructura
logística fundamental para el comercio nacional.
Hace apenas unos días, una encuesta nacional de Zuban Córdoba y Asociados reveló que
el 77% de los argentinos considera que deben mantenerse límites a la compra de tierras por
parte de extranjeros, mientras que apenas una minoría se manifestó a favor de eliminarlos.
El dato resulta significativo porque rompe con la idea de que estas discusiones pertenecen
únicamente al ámbito político o académico. Por el contrario, demuestra que existe una
preocupación social concreta respecto al control del territorio, los recursos naturales y la
capacidad del país para decidir sobre cuestiones estratégicas.
Más allá de las diferencias partidarias, de las coyunturas económicas y de los gobiernos de
turno, la encuesta deja entrever algo más profundo: una parte importante de la sociedad
argentina continúa entendiendo que la tierra, el agua y los recursos estratégicos no pueden
ser considerados simplemente mercancías sujetas a las reglas del mercado.
Quizás por eso seguimos discutiendo estas cuestiones. Porque más allá de los cambios de
época, de los gobiernos y de las modas ideológicas, persiste una convicción profundamente
arraigada en cierta parte de la sociedad argentina.
Que la soberanía no termina en una bandera. Empieza cuando una nación conserva la
capacidad de decidir sobre lo que le es propio. Y en esa discusión, la tierra nunca es
solamente tierra. Es la expresión concreta de aquello que tantas veces decimos defender
cuando hablamos de patria, de Malvinas o de identidad nacional.
