El análisis de la situación presupuestaria de las Universidades Públicas Nacionales expone un escenario de profunda tensión financiera tras la presentación del Presupuesto 2027 por parte del Gobierno Nacional al Congreso el pasado 15 de septiembre de 2026. El contraste entre la partida prevista en el Programa 26 y lo estipulado por la Ley 27.795 de «Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente» evidencia el impacto del ajuste sostenido sobre el sistema de educación superior.
El derrotero de la Ley de Financiamiento Universitario refleja un extenso conflicto institucional. Sancionada por el Congreso el 21 de agosto de 2025, fue vetada por el Poder Ejecutivo el 10 de septiembre. El 2 de octubre de ese año, ambas Cámaras insistieron con mayoría agravada, logrando su sanción definitiva. Sin embargo, al momento de su publicación en el Boletín Oficial el 21 de octubre, el Ejecutivo dictó el Decreto 759/2025 suspendiendo su aplicación bajo el argumento de la falta de partidas presupuestarias, pese a que la propia norma habilitaba las readecuaciones necesarias.
Tras 330 días de la sanción original sin aplicación, y luego de que el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 ordenara su cumplimiento el 23 de diciembre de 2025, el Gobierno intentó evadir la medida enviando en febrero de 2026 un proyecto para modificar la ley, iniciativa que nunca fue tratada en comisión. Finalmente, el reciente proyecto de Presupuesto 2027 previó apenas un 20,9% de incremento en el Programa 26.
La evolución del Presupuesto de Universidades Nacionales (Programa 26: “Desarrollo de la Educación Superior”) registra un marcado retroceso durante la actual gestión. Al comparar los presupuestos de 2025 y 2023, la caída en términos reales alcanzó el 35,4%. Si la comparación se establece entre 2023 y el presupuesto vigente en 2026 (hasta el 15 de septiembre), la reducción acumulada es del 33,8% (con estimaciones que consolidan al menos un 25,4% de ajuste al cierre del año sin nuevas actualizaciones). Para 2027, aunque se prevé un leve crecimiento del 0,3% respecto a 2026, el ajuste se consolida: los fondos se ubicarán un 25,2% por debajo de los niveles reales de 2023.
En contraste, de haberse aplicado la Ley 27.795, el presupuesto para las universidades ascendería a $9,74 billones (a valores de 2027), lo que significa que la norma superaría en un 29,8% a los fondos pautados en el proyecto oficial actual. Además, el presupuesto 2027 introduce un factor de discrecionalidad: el Programa 26 incluye $851.558 millones bajo el concepto de «Fortalecimiento de Recursos Humanos», una partida que opera «bajo la línea», dejando su ejecución al total arbitrio de la Secretaría de Educación.
El impacto sobre los salarios universitarios es uno de los ejes más críticos. Hasta agosto de 2026, el poder adquisitivo de docentes y no docentes permanece un 25,0% por debajo del nivel de noviembre de 2023. La etapa más severa de esta caída se dio entre diciembre de 2023 y julio de 2024, con una reducción del 23,1%. En términos anuales, el salario real cayó 24,4% en 2024 y 10,1% en 2025. Pese a un rebote real del 10,3% en los primeros ocho meses de 2026 (donde los salarios subieron 33,8% frente a un IPC del 21,3%), la pérdida estructural no fue revertida.
La suspendida ley exigía una recomposición salarial inmediata del 44,0% para retornar a los niveles de noviembre de 2023. En contrapartida, el artículo 12 del Presupuesto 2027 congela las plantas docentes y no docentes a los niveles de liquidación de noviembre de 2026, restringiendo aumentos salvo autorización expresa del Ministerio de Capital Humano.
La caída salarial queda de manifiesto al analizar un cargo testigo: un Jefe de Trabajos Prácticos (JTP) con dedicación semi-exclusiva y sin antigüedad. En pesos constantes de agosto de 2026, este salario pasó de $1.163.366 en noviembre de 2015 a apenas $652.727 en la actualidad, una licuación del 43,9%. Con la Ley de Financiamiento, este salario habría alcanzado los $870.744, moderando la caída histórica al 25,2%.
La desvalorización salarial ha empujado a gran parte de la comunidad universitaria por debajo de los umbrales de subsistencia. En agosto de 2026, la Canasta Básica Total (CBT) para un Hogar Tipo 2 fue de $1.605.497, y la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de $726.469. Únicamente los Profesores Titulares ($1.948.581) y Asociados ($1.733.955) con dedicación exclusiva superan la línea de pobreza, junto a las tres categorías superiores del personal no docente. Todo el resto percibe ingresos por debajo del costo de la canasta básica total. Más grave aún, todos los cargos con dedicación simple, al igual que los JTP y Auxiliares con dedicación semi-exclusiva, perciben salarios brutos que ni siquiera logran cubrir la línea de indigencia.
