El aberrante caso de maltrato contra dos adultas mayores en un geriátrico de Mar del Plata continúa sumando derivaciones institucionales y judiciales. Mientras la causa penal avanza para determinar las responsabilidades del enfermero filmado agrediendo a las residentes, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires oficializó la clausura provisoria del establecimiento involucrado.
Falta de habilitación y clausura transitoria
De acuerdo con la información aportada por las autoridades sanitarias provinciales, la residencia para adultos mayores denominada “David”, situada sobre la calle Rivadavia al 4000, había sido sometida a una inspección de rutina el pasado 12 de marzo. Durante dicho procedimiento, los inspectores intimaron formalmente a los responsables del lugar a iniciar los trámites correspondientes para renovar la habilitación sanitaria provincial, un requisito legal indispensable para garantizar el normal funcionamiento del espacio.
Sin embargo, los plazos legales vencieron y los propietarios nunca cumplimentaron la exigencia administrativa. Ante esta falta de regularización, el organismo ministerial ordenó la clausura transitoria del establecimiento. La medida restrictiva no implica un cierre definitivo con desalojo inmediato, pero sí ordena la suspensión absoluta de la admisión de nuevos residentes hasta que los dueños logren adecuar su situación legal y técnica.
«Al no haber realizado el trámite en el plazo estipulado, corresponde una clausura transitoria hasta tanto regularicen su situación», señalaron fuentes oficiales del ministerio.
Irregularidades en la contratación del enfermero agresor
En forma paralela a las sanciones administrativas, comenzaron a salir a la luz detalles alarmantes sobre el funcionamiento interno de la residencia y los filtros de contratación de su personal. En declaraciones brindadas a distintos medios periodísticos, una exempleada identificada como Silvina expuso un escenario de extrema precariedad laboral e institucional.
Según el testimonio de la exempleada, el enfermero apuntado por las agresiones, de apellido Cichero, carecía de título oficial en enfermería. «Tiene un título especializándose en lo que es el área de estética, no sé cuál función cumplía en el lugar», detalló, poniendo en duda las capacidades técnicas con las que ingresó a cumplir tareas de cuidado geriátrico.
Asimismo, Silvina reveló que Cichero «fue recomendado por otra persona» para sumarse al staff del hogar, donde además trabajaba su hermana. Tras la viralización de los videos de maltrato, el acusado optó por no presentarse a trabajar, al igual que otra compañera del establecimiento.
Antecedentes y advertencias ignoradas
Uno de los datos más graves aportados por la exempleada radica en que los antecedentes del agresor presuntamente eran conocidos dentro del ámbito laboral. «Es una persona que fue echada de otros hogares por maltrato también», aseguró, manifestando su sorpresa por el hecho de que las autoridades del hogar le hubieran otorgado el puesto.
Finalmente, Silvina recordó que al ingresar a trabajar en la residencia «David» le advirtieron que «la regla número uno era tratar bien a los abuelos, porque a muchos de ellos los familiares no los van a visitar», una premisa que los propios responsables del lugar no habrían garantizado en los controles internos.
