Un fuerte escándalo institucional y político sacude a la ciudad de San Carlos de Bariloche tras salir a la luz las millonarias remuneraciones que perciben los funcionarios de segunda y tercera línea pertenecientes al gabinete del intendente Walter Cortés. La controversia cobró dimensiones nacionales al constatarse que varios secretarios, delegados y colaboradores comunales cobran montos brutos que oscilan entre los 6 y los 9 millones de pesos mensuales, alcanzando valores equiparables e incluso superiores a la dieta bruta que percibe un senador de la Nación.
El origen de esta fuerte disparidad económica se remonta a la decisión adoptada por el Concejo Municipal de Bariloche en noviembre de 2025, oportunidad en la cual se aprobó, sin debate parlamentario previo y por unanimidad de los bloques, una reforma sustancial a la fórmula de cálculo del haber del intendente. A través de esa modificación a una ordenanza que se mantenía inalterada desde hacía más de dos décadas, el salario básico del jefe comunal pasó de equivaler a tres básicos de la categoría 24 de la escala municipal a contabilizar seis básicos. Esta duplicación directa de la base de cálculo provocó un efecto cascada de arrastre automático que multiplicó de manera drástica e inédita los haberes de toda la planta de funcionarios políticos.
De acuerdo con los datos revelados por una investigación periodística del portal RealPolitik, los sueldos brutos de los integrantes del gabinete comunal alcanzaron en el período de agosto de 2026 valores que encendieron la indignación social y gremial en la localidad rionegrina. Entre las liquidaciones oficiales que salieron a la luz se destacan casos emblemáticos de la administración municipal:
Carlos Alberto Madjinca (Secretario de Protección Ciudadana): Registró una remuneración bruta total de $8.760.013,73, integrada por un sueldo básico de $5.957.695,15, sumado a los adicionales por zona fría, título profesional y refrigerio. Tras aplicarse las retenciones de ley y los aportes partidarios exigidos por el espacio político PUL, percibe un ingreso neto de bolsillo de $6.036.021.
Pablo Javier Rantul (Delegado municipal de Pampa de Huenuleo): Registró una liquidación bruta de $7.522.922,77, alcanzando un cobro neto final de $5.274.220.
Juan Manuel Palmeiro (Delegado de la zona de Cerro Otto): Figuró con un monto bruto de $7.833.261,15, lo que le representó un ingreso de bolsillo de $4.179.783.
Sergio Andrés Herrero (Colaborador directo del intendente): Designado bajo un esquema equivalente a cuatro básicos de la escala 24 más el adicional de zona fría, presentó un importe bruto de $6.287.252,67, dejando un importe neto a cobrar de $3.564.252.
La reacción del gremio municipal y la defensa de la gestión
La marcada brecha salarial frente a los ingresos de los trabajadores de la carrera administrativa desató una dura respuesta por parte del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM). Encabezada por su secretaria general, Brenda Morales, la conducción sindical presentó un reclamo formal ante el Concejo Deliberante para exigir que se deje sin efecto el retoque normativo y se retrotraiga de inmediato la fórmula salarial aprobada el año pasado.
Desde la organización gremial denunciaron la consolidación de un desequilibrio interno sin antecedentes en la Comuna, el cual fracturó completamente la distancia entre los salarios de la planta permanente y la cúpula política. Mientras que el sueldo promedio de referencia para un empleado municipal ronda los dos millones de pesos, las liquidaciones de los funcionarios políticos duplican, triplican y hasta cuadruplican ese piso salarial.
En su momento, cuando estalló el reclamo, desde el Poder Ejecutivo municipal justificaron los incrementos argumentando que los nombramientos políticos venían acumulando una situación de retraso y desventaja respecto a las pautas paritarias otorgadas a la planta permanente. El propio intendente Walter Cortés defendió públicamente la medida sosteniendo que resultaba indispensable abonar buenas remuneraciones a los funcionarios para garantizar un trabajo eficiente, aunque al momento de la votación en el Concejo reconoció no haber evaluado el impacto económico integral de la norma.
Uno de los factores que más potenció el aumento de los ingresos brutos radica en que el ajuste de los básicos multiplicó de forma automática el valor de los adicionales adicionales que se calculan como porcentaje fijo. En ese rubro, el concepto por adicional de zona fría adquirió volúmenes inéditos, sumando entre 1,76 y 2,47 millones de pesos extra por recibo según cada caso, lo que terminó derivando en el actual escándalo político.
