El 1 de octubre de 2026, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, se fotografió formalmente con el rey Felipe VI en el recinto del Congreso de los Diputados en Madrid. Su periplo internacional respondió a una agenda estrictamente propia, estructurada junto a senadores de cuatro bloques partidarios distintos. Debido a que en esa misma fecha el presidente de la República, Javier Milei, se encontraba participando de actividades oficiales en París, el ejercicio del Poder Ejecutivo quedó de manera temporal a cargo de un senador por la provincia de San Luis. Apenas doce días después, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, decidió cancelar su participación en otro viaje oficial para permanecer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y liderar de manera directa la mesa política encargada de negociar con las provincias el Presupuesto 2027 y el proyecto de reforma electoral.
Las dos postales sintetizan una paradoja institucional y política de envergadura dentro de la estructura de la administración nacional. Por un lado, la vicepresidenta de la Nación, segunda en la línea de sucesión constitucional y titular del Senado, ocupa el segundo cargo institucional más importante del país, pero lo ejerce con marcada distancia del núcleo operativo donde se toman las decisiones diarias. Por el otro, la secretaria general de la Presidencia, desde un cargo de carácter designado que carece de escrutinio electoral directo, se posiciona como la figura estratégica que define los consensos y la orientación política del Gobierno.
Al estilo de las lecturas comparadas del historiador Plutarco, las trayectorias de ambas mujeres no se asemejan, sino que se responden recíprocamente: una dispone de la legitimidad directa otorgada por el voto popular en las urnas pero carece de injerencia en la mesa chica del Gabinete; la otra concentra el mando operativo y la conducción política sin haber encabezado una boleta electoral.
El perfil institucional y la autonomía de la vicepresidenta
Victoria Villarruel desembarcó en la arena política nacional impulsando una causa temática antes que una estructura partidaria tradicional. Como abogada, fundó el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), dedicando más de una década a la visibilización y reivindicación de las víctimas de la violencia ejercida por organizaciones guerrilleras durante la década de 1970, una temática sistemáticamente soslayada por gran parte del arco político. Tras desempeñarse como diputada nacional desde el año 2021, asumió el 10 de diciembre de 2023 la Vicepresidencia de la Nación y la conducción formal de la Cámara de Senadores.
La historia institucional argentina expone múltiples antecedentes de fricción y desencuentro en la fórmula presidencial. En el año 2000, Carlos «Chacho» Álvarez presentó su renuncia en medio de las denuncias de coimas en el Senado; en 2008, Julio Cobos emitió su histórico voto «no positivo» contra la Resolución 125 impulsada por su propio Gobierno. Villarruel prosigue esa tradición institucional por una vía diferente: no rompe de forma abierta, sino que toma distancia. Construye una agenda internacional independiente, emite opiniones sobre la preservación del empleo en momentos en que el Gobierno ratifica el ajuste fiscal y, durante su paso por Madrid, abogó por la regulación de la inteligencia artificial en un contexto donde el Presidente rechaza cualquier tipo de intervención estatal.
Desde sectores del oficialismo, diputadas como Lilia Lemoine le han atribuido de manera reiterada la intención de armar «un gobierno dentro del gobierno». Por su parte, la lectura de la propia vicepresidenta sostiene que ejerce una función institucional con autonomía que no exige obediencia vertical al titular del Ejecutivo, sino estricta fidelidad a la Constitución Nacional. Ambas perspectivas grafican un mismo escenario: una vicepresidenta con capital político propio que permanece marginada de las decisiones operativas de la Casa Rosada.
La construcción de poder de la secretaria general
En el extremo opuesto se ubica Karina Milei, quien no registraba trayectoria o militancia pública previa al año 2021. De profesión relacionista pública, acompañó a su hermano desde sus primeras incursiones en los medios de comunicación, asumiendo posteriormente la organización logística e institucional del espacio cuando la candidatura presidencial era observada como una alternativa marginal. El apodo de «el Jefe», otorgado públicamente por el propio Presidente, resultó con el tiempo una descripción precisa de su rol jerárquico dentro de la estructura de La Libertad Avanza.
El 10 de diciembre de 2023 asumió formalmente la Secretaría General de la Presidencia. Para posibilitar su nombramiento, el Gobierno debió derogar y modificar el Decreto 93/2018 dictado durante la gestión de Mauricio Macri, el cual prohibía de forma explícita la designación de familiares directos del Presidente en cargos de alta jerarquía estatal. Desde esa caja de resonancia institucional, administra la agenda presidencial, encabeza la expansión territorial y la nómina de autoridades del partido a nivel nacional y supervisa designaciones en áreas clave de la administración pública. En octubre de 2026, encabezó la mesa política que discutió el Presupuesto nacional con gobernadores y legisladores mientras el Presidente realizaba una gira por Estados Unidos.
Esta figura guarda similitudes históricas con la institución del «valido» de las monarquías hispánicas de los siglos XVI y XVII, donde figuras como el duque de Lerma o el conde-duque de Olivares ejercían la conducción del Estado amparados de forma exclusiva en la confianza absoluta del monarca. En este tipo de esquemas, el poder no se explica por el diseño formal del cargo, sino por la cercanía con el líder, perdurando de forma directamente proporcional a la vigencia de dicho vínculo personal.
La perspectiva sociológica y el marco institucional
En términos de la sociología política de Max Weber, Villarruel y Karina Milei encarnan dos de las tres tipologías clásicas de autoridad legítima, orbitando ambas en torno a la tercera. Weber distinguía entre la autoridad legal-racional (basada en normas impersonales donde la obediencia se debe al cargo y a la ley), la autoridad tradicional o patrimonial (basada en vínculos personales y heredados donde la estructura pública se administra como una extensión de la esfera privada) y la autoridad carismática (fundada en las cualidades excepcionales percibidas en el líder). Villarruel ostenta la legitimidad del tipo legal-racional; Karina Milei se apoya en elementos de la estructura patrimonial; y ambas dependen de la autoridad carismática que proyecta el presidente Javier Milei.
El análisis de ambas trayectorias deja al descubierto tanto fortalezas como debilidades institucionales:
Puntos fuertes: En el caso de Villarruel, destaca el ejercicio autónomo de la Vicepresidencia como un órgano con peso constitucional propio, habiendo conducido sesiones decisivas en el Senado como la sanción de la reforma laboral. En el caso de Karina Milei, se reconoce una elevada eficacia política al estructurar un partido de alcance nacional en tiempo récord y encabezar negociaciones legislativas complejas para la consecución de votos.
Puntos débiles y riesgos: Para la vicepresidenta, el riesgo radica en profundizar la distancia sin traducir esa postura en una propuesta programática clara, lo que puede interpretarse como un posicionamiento de oposición interna. Para la secretaria general, el dilema se centra en el diseño institucional, al concentrar un elevado volumen de decisión política sin los mecanismos correlativos de rendición de cuentas e investigación parlamentaria que pesan sobre ministros o jefes de Gabinete.
El escenario expone tres aprendizajes hacia el futuro del sistema político: la necesidad de que la responsabilidad formal coincida con la asignación real del poder, la urgencia de establecer acuerdos previos y funciones específicas dentro de las fórmulas presidenciales para evitar fricciones sistemáticas, y la premisa de que ni la sola legitimidad de las urnas ni la mera capacidad de gestión logística resultan autosuficientes por separado dentro de un sistema republicano equilibrado.
