El fiscal Leonel Gómez Barbella solicitó el procesamiento del dueño del portal Nova. Se lo acusa de difundir material íntimo de la diputada Lilia Lemoine y otras dirigentes con el objetivo de presionar al Gobierno por pauta publicitaria oficial.
La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional avanza en una investigación de alto impacto que pone en el centro de la escena al empresario de medios Mario Casalongue. El dueño del portal de noticias Nova enfrenta acusaciones por extorsión, hostigamiento digital y violencia de género, tras las denuncias presentadas por la diputada Lilia Lemoine, la dirigente Lu Palavecino y la influencer Marilú Medina. Según el dictamen fiscal, el acusado habría utilizado la difusión de contenido privado y fotos íntimas como una herramienta de presión política y económica.
El fiscal Leonel Gómez Barbella apeló recientemente una resolución previa para exigir el procesamiento firme de Casalongue. En su argumento, define las acciones del portal como «publicaciones de tinte extorsivo en un claro contexto de violencia de género digital», señalando que no se trató de hechos aislados, sino de una estrategia deliberada de intimidación.
El origen del material y el daño a las víctimas
La investigación detalla que el material difundido habría sido obtenido a través de maniobras de phishing o mediante el robo de dispositivos electrónicos pertenecientes a exparejas de las denunciantes. En otros casos, el portal habría recurrido a la manipulación de imágenes para generar contenidos agraviantes.
Caso Lu Palavecino: Se denunció la publicación de fotografías privadas de carácter sexual acompañadas de expresiones degradantes y términos despectivos hacia su persona.
Caso Lilia Lemoine: La diputada señaló la existencia de imágenes aparentemente editadas donde se superponía su rostro en cuerpos desnudos, publicadas bajo títulos ofensivos y de carácter erótico.
Caso Marilú Medina: La denuncia sostiene que una fotografía privada fue extraída de manera ilegítima de su teléfono celular para ser expuesta públicamente sin su consentimiento.
La hipótesis de la extorsión por pauta oficial
Uno de los pilares más graves de la acusación sostiene que la difusión de este material íntimo tenía un fin económico directo. De acuerdo con el expediente, las publicaciones habrían sido utilizadas para presionar a la administración de Javier Milei con el objetivo de obtener beneficios a través de la pauta publicitaria oficial para el medio dirigido por Casalongue.
El fiscal subrayó que el carácter «intimidatorio y extorsivo» de los ataques buscaba generar un daño reputacional tal que obligara a los sectores políticos vinculados a las víctimas a ceder ante las demandas del empresario.
Medidas cautelares y estado de la causa
Ante la gravedad de los hechos, la jueza Vanesa Peluffo dictó medidas de protección que incluyen la prohibición de contacto y una restricción de acercamiento de 300 metros por parte de Casalongue y otros colaboradores vinculados al medio. Asimismo, se ordenó la baja, bloqueo y desindexación de las notas y fotografías publicadas.
No obstante, la querella ha denunciado que parte del contenido sigue siendo accesible en la web, lo que representaría un incumplimiento de las órdenes judiciales vigentes. La apelación de la fiscalía busca ahora revocar la falta de mérito y avanzar hacia el procesamiento definitivo del empresario, en un caso que sienta un precedente sobre el uso de la violencia digital como mecanismo de extorsión mediática.
