En el marco de la prolongada controversia desatada tras el cierre definitivo de la planta industrial de neumáticos Fate en la localidad bonaerense de San Fernando, el Juzgado Laboral N° 17 emitió una resolución judicial clave. La jueza a cargo del tribunal ordenó a la firma perteneciente al grupo empresario encabezado por Javier Madanes Quintanilla transferir un monto total de 1.200 millones de pesos para saldar de forma inmediata los salarios adeudados a 200 operarios que fueron desvinculados de sus puestos de trabajo y que mantuvieron el reclamo en el fuero judicial.
De acuerdo con lo estipulado en la cédula de notificación judicial, la acreditación de los haberes correspondientes al período comprendido entre marzo y junio del corriente año deberá hacerse efectiva este viernes 23. Los recursos financieros necesarios para dar cumplimiento al pago provienen de una partida de fondos corporativos que habían sido embargados con carácter preventivo en instancias anteriores de la tramitación penal y laboral. La medida cautelar no abarca en sus alcances a aquellos excolaboradores que en su momento formalizaron su desvinculación adhiriéndose al esquema de retiros voluntarios propuesto por la patronal.
La determinación de la suma fija impuesta por la magistratura se estableció a partir de un punto intermedio entre las pretensiones y cálculos contables presentados por las partes en conflicto. Por un lado, la conducción del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA) reclamaba la transferencia de 1.800 millones de pesos para saldar las obligaciones vencidas, mientras que la representación legal de la empresa automotriz alegaba que el pasivo salarial a saldar ascendía únicamente a 600 millones de pesos.
Con este fallo, el tribunal de primera instancia dio cumplimiento efectivo a lo ordenado previamente por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. El fundamento central de la demanda promovida por la entidad gremial radica en el incumplimiento de un convenio de estabilidad laboral y mantenimiento del empleo firmado en mayo de 2025 con vigencia pactada hasta el 30 de junio de 2026. A través de dicho acuerdo institucional, la compañía Fate había recibido exenciones y beneficios impositivos otorgados por el Estado a cambio del compromiso formal de no ejecutar despidos ni reestructuraciones de personal durante el plazo de vigencia.
A ocho meses del anuncio oficial del cese de operaciones del establecimiento fabril de San Fernando —medida que afectó originalmente a un total de 920 trabajadores de la industria del neumático—, la conducción del SUTNA valoró la disposición como un triunfo de la permanencia y la resistencia obrera, remarcando que el fallo pone de manifiesto que el cierre dispuesto por la patronal revistió un carácter «ilegal».
No obstante, la cúpula sindical adelantó que recurrirá y apelará los términos de la resolución judicial por considerar que la cifra fijada de 1.200 millones de pesos resulta insuficiente, al no contemplar la antigüedad acumulada de los operarios ni la correspondiente actualización por índices de inflación. En paralelo, confirmaron que promoverán nuevas presentaciones judiciales para reclamar la liquidación y cobro de los haberes devengados con posterioridad al 1 de julio del corriente año.
Por último, la representación gremial enfatizó que insistirá ante los tribunales con el pedido de nulidad de la totalidad de los acuerdos de retiro voluntario suscriptos por otros integrantes del personal. A entender del gremio, tales firmas fueron obtenidas bajo un contexto de «extorsión económica», luego de que las familias de los operarios permanecieran varias semanas consecutivas sin percibir la liquidación de sus haberes.
En el plano procesal y de orden público, la Sala II de Garantías revocó la orden de desalojo que pesaba sobre los predios y que había sido emitida durante el mes de septiembre, razón por la cual los trabajadores mantendrán las guardias, acampes y medidas de fuerza en las inmediaciones de la planta de San Fernando.
