En vísperas del inicio del último trimestre de 2026 y en medio de las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que anticipan la llegada de un fenómeno de El Niño fuerte y en proceso de intensificación, un detallado informe reveló un diagnóstico crítico sobre el estado de la infraestructura preventiva en el país. Según el documento, el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (FFIH) —creado por el Decreto 1381/01 y financiado mediante la asignación del 4,31% de la recaudación del impuesto a los combustibles— atraviesa un estado de parálisis operativa, al tiempo que la abrumadora mayoría de sus recursos presupuestarios se encuentra volcada a la financiación del Tesoro Nacional en lugar de ser ejecutada en obras de saneamiento y contención de inundaciones.
El FFIH representa la herramienta técnica y financiera de escala nacional diseñada para encarar eventos climáticos extremos y recuperar tierras productivas. Sin embargo, la radiografía actual sobre la cartera oficial indica que de las 24 obras iniciadas con su financiamiento, un total de 15 fueron completamente canceladas o suspendidas (13 mediante la rescisión formal de sus convenios y 2 clasificadas en estado de neutralización). En contraposición, solo 8 proyectos continúan nominalmente en ejecución, mientras que apenas 1 figura en los registros oficiales como finalizada.
El conjunto de las intervenciones paralizadas abarca contratos vigentes por una cifra de 144.818 millones de pesos, representa el 39,7% del monto total administrado por la cartera y concentra 7 emprendimientos ubicados estratégicamente en el conurbano bonaerense. Por su parte, los 8 proyectos que continúan en ejecución suman compromisos por 219.573 millones de pesos, aunque presentan niveles de avance físico sumamente bajos: ninguna de las obras supera el 36% de desarrollo en territorio.
El detalle de la cartera y la caída en la ejecución de fondos
La nómina de las 24 obras combina infraestructura de gran envergadura territorial con proyectos pluviales urbanos de menor escala. Entre las primeras destacan el Acueducto San Javier–Tostado en la provincia de Santa Fe —con un presupuesto asignado de 128.970 millones de pesos— y la ampliación del Río Salado en la provincia de Buenos Aires, que absorbe 163.131 millones de pesos distribuidos entre sus tres subtramos principales.
Al analizar la evolución de la inversión medida a valores constantes de 2026, el reporte expone una marcada brecha temporal. Durante los años 2022 y 2023, los ingresos del Fondo ascendieron a 445.673 millones y 270.573 millones de pesos respectivamente, períodos en los cuales la cancelación de certificados de obra superó los montos recaudados (alcanzando una ejecución del 123% y 158% mediante la utilización de saldos acumulados).
No obstante, a partir del año 2024 la dinámica se invirtió drásticamente: sobre un ingreso de 191.610 millones de pesos, se devengaron pagos por apenas 22.112 millones (equivalentes al 12% del total). En 2025, la ejecución alcanzó únicamente el 22% (57.777 millones sobre 262.674 millones recolectados), mientras que en el período transcurrido entre enero y mayo de 2026 la cifra se situó en el 39% (61.082 millones sobre 157.383 millones de pesos ingresados).
En el acumulado del período comprendido entre 2024 y mayo de 2026 bajo la gestión del presidente Javier Milei, el FFIH captó un total de 611.667 millones de pesos de 2026, pero destinó de forma efectiva a la infraestructura hídrica la suma de 140.971 millones de pesos. Esto implica que de cada 100 pesos recaudados mediante los tributos al combustible, tan solo 23 se tradujeron en trabajos sobre el terreno. Como punto de contraste, en el bienio 2022-2023 se volcaron a la ejecución de obras 974.441 millones de pesos, superando el total captado en esa etapa.
Parálisis en el territorio y la colocación financiera en LECAP
La lentitud y el freno en los trabajos se reflejan en el porcentaje de avance reportado por los organismos técnicos. De las 24 obras que integran el sistema, 4 registran un avance físico nulo (incluyendo el subtramo A del Río Salado, que figura formalmente en ejecución pese a marcar un 0%), mientras que otras 3 directamente no presentan datos informados. Paradójicamente, los emprendimientos que mostraban un mayor grado de concreción terminaron siendo interrumpidos: el Acueducto San Javier–Tostado fue neutralizado cuando alcanzaba un 90% de ejecución; la obra de desagües del barrio Los Ceibos en La Matanza se rescindió con un 64% de avance, y la de la Avenida Libertad en Marcos Paz se canceló tras lograr un 40%.
Dentro del grupo de 8 obras que se mantienen operativas, el porcentaje máximo de avance registrado corresponde a la Presa Nacimiento del Río Senguer, en la provincia de Chubut, con un 35,9%. En tanto, los tres subtramos de la ampliación del Río Salado —que representan por sí solos el 45% de los recursos de la cartera— muestran avances marginales del 0%, 6,7% y 18,8%. Muestra de esta desaceleración es también la evolución de los sistemas clave para la prevención temprana: el Sistema Nacional de Radares Meteorológicos registra un avance del 32%, mientras que la Red Nacional de Estaciones Meteorológicas alcanza apenas un 11%.
Frente a la falta de giros a las contratistas, el informe puso al descubierto el destino de los saldos no ejecutados. Al 1 de junio de 2026, el Fondo Fiduciario poseía 290.676 millones de pesos invertidos en Letras del Tesoro Nacional capitalizables (LECAP) con vencimientos pactados para julio y septiembre de 2026, sumados a 49.069 millones de pesos en cuentas a la vista y 247 millones en plazos fijos. En total, la disponibilidad financiera alcanzaba los 339.993 millones de pesos, significando que el 85,5% de los fondos destinados a prevenir emergencias hídricas se encontraba colocado en instrumentos de deuda del propio Tesoro Nacional.
El flujo de fondos entre enero y mayo de 2026 expone la magnitud de la maniobra: en dicho lapso, los intereses cobrados por la tenencia de LECAP sumaron 59.747 millones de pesos, una cifra casi idéntica a los 61.082 millones de pesos destinados a la liquidación de certificados de obra en todo el país. La normativa de creación del FFIH no contempla la constitución de sus activos como fondos de inversión financiera para asistencia del erario público.
Zonas críticas frente a El Niño y el crédito internacional desestimado
El pronóstico del SMN para el trimestre de cierre de 2026 anticipa precipitaciones por encima de las marcas promedios en la región del Litoral, el oeste de Santa Fe y el oeste de la provincia de Buenos Aires, con sesgo de abundantes lluvias en el centro-este bonaerense. La situación de partida en territorio bonaerense muestra signos de saturación: según datos de la Autoridad del Agua (ADA) al 14 de agosto, las zonas centro, este y noreste presentaban niveles de humedad en suelo superiores al 45% (suelos técnicamente saturados), mientras que 58 de los 92 municipios pertenecientes a la Mesa de Riesgo Hídrico superaron el promedio histórico de precipitaciones acumuladas al cierre de julio.
El cruce de datos meteorológicos y el estado de la infraestructura expone seis áreas de vulnerabilidad crítica. La más urgente se focaliza en la ciudad de Colón (Entre Ríos), donde el río Uruguay permanece en etapa de alerta y la obra del entubamiento de la Cuenca Salta fue rescindida con apenas un 4,7% de ejecución. En Santa Fe, la paralización del Acueducto San Javier–Tostado al 90% coincide con la crecida del río Paraná, a lo que se suma la rescisión de las dos obras previstas para los Bajos Submeridionales. Asimismo, en la cuenca del Salado los tres subtramos registran avances de entre 0% y 18,8%, mientras que en el conurbano bonaerense 7 de las 8 obras pluviales urbanas permanecen paralizadas.
A este escenario se suma la paralización del financiamiento multilateral. El 9 de agosto de 2023 se aprobó la estructura del Contrato de Préstamo BIRF N.º 9516-AR con el Banco Mundial por un monto de 200 millones de dólares, ideado para financiar el «Proyecto de Infraestructura Resiliente al Clima para la Gestión del Riesgo de Inundaciones Urbanas». Transcurridos más de tres años de su firma, el Ministerio de Economía de la Nación registra el crédito con un 0% de ejecución.
En junio de 2025, tras la emergencia por las inundaciones registradas en la ciudad de Bahía Blanca, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, reclamó formalmente el traspaso de la operatoria a la Provincia ante la inacción nacional. En octubre de 2026, la administración provincial denunció que los fondos fueron desviados de su fin original para cubrir compromisos de deuda del Estado.
El pasado 14 de octubre de 2026, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó la reorientación de líneas crediticias con el Banco Mundial por hasta 4.000 millones de dólares hacia sectores como minería, energía y minerales críticos, junto con la movilización de 10.000 millones de dólares a través de la Corporación Financiera Internacional (IFC) para iniciativas enmarcadas en el RIGI. En los hechos, la financiación internacional para infraestructura de prevención hídrica quedó sin efecto.
Finalmente, la provincia de Buenos Aires denunció la traba sistemática en la aprobación de avales soberanos para endeudamiento internacional por un valor de 620 millones de dólares. Dichos recursos estaban destinados a proyectos de envergadura como el túnel aliviador de la cuenca San Francisco-Las Piedras (350 millones de dólares) y la planta de tratamiento de líquidos cloacales de la Región Capital (270 millones de dólares), en un contexto donde el Gobierno nacional avaló 18 operaciones de crédito por 1.973 millones de dólares distribuidas entre otras diez jurisdicciones provinciales.
