La Comisión de Tránsito y Transporte del cuerpo legislativo recibió a representantes de la CaMU con el objetivo de abordar temas pendientes del año 2025. El encuentro sirvió como presentación formal de la cámara ante la nueva conformación de la comisión y para establecer prioridades en el esquema de movilidad local.
En la mañana de este jueves, se llevó a cabo una reunión clave en el Honorable Concejo Deliberante (HCD) entre los integrantes de la Comisión de Tránsito y Transporte y los directivos de la Cámara de Movilidad Urbana de Bahía Blanca (CaMU). El encuentro tuvo como eje principal retomar el análisis de diversas cuestiones regulatorias y operativas que habían quedado sin resolución durante el período legislativo anterior.
Esta reunión marcó la primera instancia de contacto oficial entre la CaMU y los nuevos concejales que integran la comisión interna tras la última renovación de bancas. Según se informó, la intención de ambas partes es establecer un canal de diálogo fluido que permita dar respuesta a las demandas del sector y mejorar la eficiencia del transporte en el ejido urbano.
Representación multisectorial
La Cámara de Movilidad Urbana se consolida como un actor central en la discusión del transporte local, dada la diversidad de los sectores que la componen. Actualmente, la entidad agrupa a:
Cooperativa de Trabajo 365 Paq. Ltda.
Cooperativa de Trabajo Centro Coop.
Bahía Taxi S.R.L.
Remis Universitario S.R.L.
Servicio Ejecutivo S.R.L.
Representantes de taxistas independientes.
Conductores particulares de plataformas de movilidad.
Durante la sesión, los representantes de la CaMU expusieron las problemáticas actuales que atraviesan los distintos servicios, haciendo hincapié en la necesidad de actualizar normativas que contemplen las nuevas modalidades de traslado y garanticen la sostenibilidad de las fuentes de trabajo. Por su parte, los ediles tomaron nota de los puntos planteados para incluirlos en el orden del día de las próximas reuniones de comisión.
Este acercamiento institucional representa un paso necesario para consensuar políticas públicas que equilibren los intereses de los prestadores de servicio con las necesidades de los usuarios en un contexto de constantes cambios en la movilidad urbana.
